El Gobierno abrió la puerta a más militares en cargos públicos

El presidente Javier Milei avanzó este jueves con una modificación sensible del esquema normativo que regula a las Fuerzas Armadas y abrió formalmente la puerta a una mayor presencia de militares en cargos de la administración pública nacional. La medida quedó plasmada en el Decreto 58/2026, publicado en el Boletín Oficial, que introduce cambios en la Ley 19.101 para el Personal Militar.

El decreto, que lleva también las firmas del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, modifica el artículo 18 de la norma y establece que el personal del Cuadro Permanente de las Fuerzas Armadas podrá desempeñar funciones públicas no electivas, siempre que cumpla una serie de requisitos formales.

Entre ellos, se fija que la designación deberá ser realizada por el Poder Ejecutivo Nacional u otras autoridades competentes, pero con la autorización expresa del jefe del Estado Mayor General del Ejército. De este modo, el Gobierno introduce un mecanismo que habilita la incorporación de uniformados a distintos ámbitos del Estado sin que ello implique, en principio, una ruptura con su carrera militar.

La reforma también aclara que oficiales, suboficiales y voluntarios del cuadro permanente continuarán amparados por el régimen militar mientras presten servicios en organismos del Ejército, en funciones específicas del Consejo de Defensa Nacional, en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas o en la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia, así como cuando cumplan comisiones propias del servicio.

Otro punto relevante es la posibilidad de que el personal militar designado quede apartado de su cargo por un plazo máximo de hasta dos meses luego de asumir una función pública. Además, el decreto garantiza que quienes sean nombrados en cargos del Ministerio de Defensa mantendrán la continuidad de su carrera y sus beneficios previsionales, evitando que estas designaciones afecten el cómputo de años de servicio o el cálculo de su retiro.

No obstante, el régimen tiene límites claros: solo alcanza a quienes no hayan llegado al grado más alto dentro de su fuerza. Una vez alcanzado ese rango máximo, ya no es posible acceder a ascensos ni modificar la situación jubilatoria, por lo que el tiempo adicional en funciones civiles no impacta en lo previsional.

La normativa también establece una incompatibilidad expresa entre el ejercicio de funciones operativas en las Fuerzas Armadas y el desempeño de cargos en el Ministerio de Defensa. En consecuencia, un militar no podrá cumplir simultáneamente ambas tareas. Si bien no será necesario solicitar licencia, sí deberá ajustarse a las restricciones propias de la administración pública.

Nuevas designaciones en Defensa

En paralelo a la modificación legal, el Gobierno avanzó con una reconfiguración de cargos dentro del Ministerio de Defensa. A través del Decreto 60/2026, publicado con efecto retroactivo al 10 y 11 de diciembre de 2025, se oficializó la salida de Juan Erardo Batalleme Martínez de la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa; de Facundo Benjamín Fernández Lagostena, de la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa; y de Guillermo Patricio Madero, de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria.

En su lugar, fueron designados el general de división Jorge Alberto Puebla al frente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares; el teniente coronel (R) Daniel Enrique Martella en la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa; el general de brigada Carlos Horacio Martín en la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa; y el coronel Ariel Andrés Mira Peña como subsecretario de Gestión Administrativa.

Con estas decisiones, el Gobierno libertario consolida un esquema que refuerza la presencia de militares en áreas clave de la estructura estatal y reabre la discusion en la Argentina: el alcance y los límites del rol de las Fuerzas Armadas en la vida civil y en la administración pública, en un contexto político atravesado por reformas de fuerte impronta institucional.