Desobediencia, obras y daño ambiental: denuncian a Passaglia

Una nueva denuncia penal volvió a poner en el centro de la escena al intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia. Esta vez, la acusación apunta a la presunta desobediencia de una orden expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, además de posibles delitos de abuso de autoridad, daño ambiental y violación de los deberes de funcionario público, en el marco de obras que se desarrollan en la zona de la costanera nicoleña.

La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial local por el abogado Ulises Gabriel Godoy, y se inscribe en una causa de alto impacto institucional: “Asociación Civil sin fines de lucro Foro Medio Ambiental (FOMEA) c/ Provincia de Buenos Aires – Municipalidad de San Nicolás s/ Inconstitucionalidad”, que tramita ante la Secretaría de Demandas Originarias del máximo tribunal bonaerense.

Qué había ordenado la Corte

Según consta en el expediente, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó el 12 de mayo de 2023 una medida cautelar que suspendió varios artículos del Código Urbano Ambiental aprobado por la ordenanza 9.949/19. Además, dispuso la clausura inmediata de todas las obras en ejecución en las zonas alcanzadas por la normativa, incluyendo puentes y accesos a las playas Barranquitas y El Arenal, y ordenó el retiro de maquinaria y equipos utilizados en esos trabajos.

La decisión judicial se fundamentó en la necesidad de prevenir daños ambientales en áreas sensibles del ejido urbano y ribereño, hasta tanto se resolviera el fondo de la cuestión planteada por la organización ambientalista demandante.

La denuncia: obras que habrían continuado

Pese a esa orden, el denunciante sostiene que las obras en la costanera continuaron sin interrupciones. En su presentación ante la Fiscalía, Godoy afirmó haber constatado personalmente durante el mes de enero movimientos de suelo, descargas de escombros y el funcionamiento de maquinaria pesada a orillas del arroyo, todo ello “a plena luz del día”.

De acuerdo con la denuncia, el Municipio estaría llevando adelante un plan de relleno de gran escala, con el vuelco de hasta 300 camionadas de escombros en la zona ribereña, lo que configuraría una violación directa de la cautelar vigente. Como prueba, se adjuntaron fotografías y videos con fecha y geolocalización, además de copias certificadas de las resoluciones judiciales que ordenan la paralización de los trabajos.

Riesgo ambiental y pedido urgente

Uno de los puntos centrales de la denuncia es el potencial daño ambiental irreversible que podrían provocar las obras denunciadas. En ese sentido, el abogado solicitó al fiscal interviniente que dicte con carácter urgente una nueva medida cautelar que ordene “el inmediato cese de toda actividad de relleno” en el área cuestionada.

“El bien jurídico protegido, que es el ambiente, puede sufrir daños irreversibles o de muy difícil recomposición”, advierte la presentación, reforzando la gravedad institucional del caso si se comprobara que una orden del máximo tribunal provincial fue ignorada deliberadamente.

Ahora, la definición está en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá resolver si avanza con la instrucción de la causa. De prosperar la investigación y comprobarse la desobediencia a una orden judicial, la situación podría agravarse significativamente para el Ejecutivo municipal, con implicancias penales no solo para Passaglia sino también para otros funcionarios que hayan intervenido en la continuidad de las obras.