Reforma laboral: Estatales convocan a un paro nacional el día del debate

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió avanzar con un paro nacional el próximo 10 de febrero, fecha en la que el Senado debatiría la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional. La medida fue definida tras un encuentro del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas.

La decisión incluye una movilización y apunta a rechazar el tratamiento del proyecto, cuya discusión podría extenderse entre el 10 y el 12 de febrero. Desde el gremio señalaron que la protesta busca frenar una iniciativa que consideran regresiva en materia de derechos laborales.

“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada”, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien reclamó un plan de lucha previo al debate legislativo.

En ese sentido, el dirigente sindical apuntó contra los gobernadores y remarcó: “Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado. Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores”.

Tras la reunión realizada en el Hotel Héctor Quagliaro, Aguiar anticipó que la CGT podría sumarse a la medida y pidió coordinar protestas en las provincias que, según afirmó, acompañan al Gobierno nacional.

“Pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores. Paralelamente, multiplicar el poder que tienen los patrones”, advirtió Aguiar, y agregó: “No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la constitución”.

Del encuentro participaron sindicatos estatales de distintos sectores, entre ellos judiciales, salud, energía, vialidad, PAMI, educación y trabajadores universitarios. Desde ATE alertaron que la reforma impactará de lleno en organismos nacionales regidos por la Ley de Contrato de Trabajo.

Además, el gremio advirtió que el proyecto modifica el fuero judicial para los conflictos laborales con el Estado nacional, trasladándolos a la Justicia Contencioso Administrativa, lo que consideraron un retroceso en las garantías para los trabajadores.