Incendios sin respuesta: Milei ajusta, Torres calla y Chubut se quema

Mientras el fuego avanza sin control sobre uno de los patrimonios naturales más valiosos de la Argentina, la respuesta estatal aparece fragmentada, tardía y atravesada por una lógica que excede la emergencia. El incendio que  devora el Parque Nacional Los Alerces desde hace casi un mes y medio y ya arrasó más de 40.000 hectáreas no es solo una catástrofe ambiental: es el retrato brutal de una forma de gobernar donde la naturaleza, las comunidades y el territorio quedan subordinados a una matriz política que combina ajuste, desresponsabilización y oportunismo.

El desastre desnuda las responsabilidades compartidas entre el gobierno nacional de Javier Milei —que desmanteló capacidades estratégicas del Estado en materia ambiental— y la administración provincial de Ignacio Torres, que osciló entre la impotencia operativa y el silencio político mientras el fuego cercaba pueblos enteros como Cholila y Villa Lago Rivadavia.

El ajuste como política ambiental encubierta

Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei dejó en claro que el ambiente no figura entre sus prioridades. La degradación del Ministerio de Ambiente, el recorte de presupuestos, la paralización de programas de prevención y la desarticulación de áreas técnicas no son errores: son decisiones políticas coherentes con una visión que considera a la naturaleza un “costo” y al Estado un obstáculo.

En ese marco, el incendio en Los Alerces no encuentra un Estado preparado para responder. La falta de medios aéreos suficientes, la demora en el ataque inicial, la escasa dotación de brigadistas y la inexistencia de infraestructura permanente —helipuertos, bases operativas, logística propia— revelan un vaciamiento previo que hoy se paga en hectáreas quemadas y comunidades aterradas.

Que un foco iniciado por un rayo en diciembre haya quedado sin control durante semanas no puede explicarse solo por el viento o la topografía. Es el resultado directo de una política nacional que decidió que la prevención ambiental no merece inversión.

Chubut: un gobernador entre la impotencia y la conveniencia

Pero la responsabilidad no termina en Nación. El gobernador Ignacio Torres, que construyó su discurso político sobre la defensa del federalismo y los recursos provinciales, quedó atrapado en su propia contradicción. Mientras reclamaba fondos a Buenos Aires, el fuego avanzaba sin que la provincia lograra articular una respuesta contundente ni ejercer presión política real sobre el Ejecutivo nacional.

La Secretaría de Bosques provincial informó, describió, diagnosticó. Pero gobernar no es solo narrar el desastre: es anticiparlo y enfrentarlo. La falta de una estrategia preventiva robusta, sumada a la dependencia casi total de decisiones nacionales, dejó a Chubut en una posición de debilidad extrema frente a una emergencia anunciada.

El silencio del gobernador frente a las denuncias de pobladores, la tardía reacción institucional y la ausencia de un reclamo político frontal a Nación alimentan una pregunta incómoda: ¿hubo incapacidad, resignación o cálculo?

La intervención del Parque Nacional Los Alerces por parte de la Administración de Parques Nacionales llegó cuando el daño ya era irreparable. Recién con más de 35.000 hectáreas quemadas, la Nación decidió apartar autoridades y crear un Comité de Intervención. Una reacción que parece más orientada a cubrir responsabilidades que a salvar el bosque.

No fue el Estado quien encendió la alarma judicial. Fueron los vecinos. Pobladores rurales y asociaciones locales impulsaron denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negligencia. Señalaron lo que el poder evitó admitir: que el ataque inicial fue insuficiente, que se descartó personal capacitado disponible, que se priorizaron criterios administrativos por sobre la urgencia operativa.

Que brigadistas hayan tenido que recurrir a empresas turísticas privadas para acceder al foco inicial del incendio es un dato demoledor. Habla de un Estado ausente en el territorio y de una gestión ambiental improvisada.

¿Negligencia o modelo?

La pregunta  ya no es si hubo errores, sino si lo ocurrido responde a un modelo. Un modelo donde el ajuste permanente debilita la capacidad de respuesta, donde la emergencia se administra en lugar de prevenirse, y donde la destrucción ambiental termina siendo funcional a intereses futuros: reconfiguración territorial, negocios forestales, especulación inmobiliaria o simple abandono de áreas consideradas “improductivas”.

El incendio en Los Alerces pone de manifiesto una verdad incómoda: cuando el Estado se retira, el fuego avanza. Y cuando la política decide mirar para otro lado, las llamas no distinguen entre bosques, casas, historia o comunidades.

Cholila cercada por las llamas, rutas cerradas, ganado desplazado, chacras arrasadas y pobladores haciendo guardias nocturnas para salvar sus casas no son daños colaterales. Son la consecuencia directa de decisiones políticas que priorizaron el ajuste, la desregulación y la desresponsabilización estatal.

Milei y Torres podrán culparse mutuamente, señalar al viento o escudarse en comunicados técnicos. Pero el bosque quemado no entiende de discursos. Lo que queda es una herida ambiental profunda y una certeza inquietante: sin un cambio de rumbo real, Los Alerces no es una excepción, sino un anticipo.