Intendentes presionan para bajar el IVA y sostener servicios básicos en medio de la crisis financiera

En un contexto de fuerte ajuste fiscal y deterioro de las finanzas públicas locales, intendentes de todo el país volvieron a levantar una bandera común: reducir a la mitad el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan los municipios. El planteo, impulsado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), fue formalizado esta semana en el Congreso de la Nación y apunta a aliviar el ahogo financiero que atraviesan las comunas y a sostener la prestación de servicios básicos.

La propuesta es concreta: bajar la alícuota del IVA municipal del 21% al 10,5%, equiparándola a la tasa reducida que ya rige para determinados bienes de consumo. Para los jefes comunales, no se trata de un beneficio sectorial sino de una corrección estructural de un esquema impositivo que, según advierten, castiga de manera desproporcionada a los gobiernos locales.

Un impuesto que los municipios no pueden recuperar

El corazón del reclamo está en una asimetría clave del sistema tributario. A diferencia de las empresas privadas, los municipios no pueden tomar el IVA como crédito fiscal. Cada vez que compran insumos, contratan servicios o encaran una obra pública, el impuesto se convierte en un costo directo que se descuenta del presupuesto local.

Ese impacto se multiplica en un escenario de inflación persistente, tarifas en alza y mayores demandas sociales. Menos recursos disponibles significan menos obras, menos mantenimiento de infraestructura urbana, menos inversión en salud, educación y seguridad, y una presión creciente para aumentar tasas municipales que terminan recayendo sobre los vecinos.

La FAM y una ofensiva política en el Congreso

El planteo fue presentado ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, donde intendentes nucleados en la FAM entregaron un documento conjunto para que la reducción del IVA municipal sea incorporada en la próxima reforma tributaria que prepara el Gobierno nacional.

De la audiencia participaron referentes de distintos puntos del país, encabezados por el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a figuras como Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán) y el viceintendente de Córdoba Capital, Javier Pretto. La diversidad geográfica y política buscó mostrar que el reclamo excede a una fuerza o región y responde a una problemática estructural común.

Municipios en la primera línea del conflicto social

Durante el encuentro, los jefes comunales coincidieron en un diagnóstico compartido: los municipios están “en la primera línea” de atención de los problemas cotidianos. Desde la asistencia social hasta el mantenimiento de calles, el alumbrado público o la recolección de residuos, las demandas no disminuyen, aun cuando los recursos sí lo hacen.

A la caída o estancamiento de transferencias nacionales se suma un contexto de mayor vulnerabilidad social, que empuja a los gobiernos locales a absorber funciones que antes estaban más repartidas entre Nación y provincias. En ese escenario, el IVA aparece como un impuesto que profundiza el estrangulamiento financiero.

Autonomía fiscal y reforma tributaria

Más allá de la coyuntura, el reclamo por el IVA municipal se inscribe en un debate más amplio sobre la autonomía fiscal y la redistribución de recursos en Argentina. Intendentes y legisladores advierten que cualquier reforma tributaria que no contemple la situación de los municipios corre el riesgo de consolidar un esquema centralista, con comunas cada vez más dependientes y menos margen de acción.

Desde la FAM sostienen que reducir el IVA tendría un “efecto cascada”: liberaría fondos para inversión directa en servicios esenciales, permitiría moderar o bajar tasas locales y contribuiría a reactivar economías regionales golpeadas por la recesión.

Una pulseada abierta con la Nación

El planteo llega en un momento políticamente sensible. El Gobierno nacional busca avanzar con cambios estructurales en el sistema impositivo, mientras mantiene una política de fuerte control del gasto. En ese marco, la presión de los intendentes abre una nueva pulseada entre Nación y territorios, con el Congreso como escenario clave.

La discusión recién empieza, pero el mensaje de los municipios es claro: sin un alivio fiscal concreto, sostener servicios básicos y atender la creciente demanda social será cada vez más difícil. La baja del IVA aparece, para los intendentes, como una condición mínima para evitar que la crisis financiera local se traduzca en una crisis cotidiana para millones de vecinos.