YPF cobró una tasa de Pinamar en una estación de Madariaga y desató un conflicto municipal

La reciente inauguración de una estación de servicio de YPF en el cruce de las rutas provinciales 74 y 11, dentro del partido de General Madariaga, encendió una controversia inesperada en la región. Vecinos y autoridades municipales detectaron que el establecimiento comenzó a aplicar en el precio final de los combustibles la Tasa Vial del 3% que rige en el vecino municipio de Pinamar, un gravamen que no está vigente en Madariaga.

Desde la intendencia que conduce Carlos Esteban Santoro manifestaron su preocupación por lo que consideran una situación irregular y confusa para los consumidores. “El precio final que pagan nuestros vecinos no debería incluir ningún concepto vinculado a una tasa municipal inexistente”, señalaron desde el gobierno local, al tiempo que reclamaron aclaraciones formales a la petrolera.

Según informaron fuentes municipales, la estación ubicada en Madariaga exhibe el mismo cuadro tarifario que las bocas de expendio de Pinamar, pese a que, por la ausencia de la tasa vial, los valores deberían ser más bajos. La situación no solo afecta a los consumidores locales, sino que también generó tensiones comerciales en la zona.

De acuerdo a lo publicado por el medio local Central de Noticias de Madariaga, el malestar de los concesionarios de YPF en Pinamar llegó incluso al presidente de la compañía, Horacio Marín, durante la reapertura de una estación móvil en el sector conocido como la Frontera. Allí advirtieron que sus ventas cayeron de manera significativa, ya que muchos turistas optaban por recorrer algunos kilómetros para cargar combustible en la nueva estación, atraídos por precios que, en teoría, debían ser más bajos.

Desde la sede central de YPF, en Puerto Madero, explicaron que la decisión de igualar los precios respondió a una política interna de la empresa y que la libertad de mercado permite “empatar” valores entre estaciones, aun cuando existan diferencias impositivas entre municipios. Sin embargo, esta respuesta no terminó de despejar las dudas del gobierno de Madariaga, que ahora busca determinar si el monto equivalente a la tasa de Pinamar efectivamente se transfiere a ese municipio o si pasa a formar parte de la rentabilidad de la nueva concesión.

El trasfondo del conflicto también vuelve a poner en debate la composición del precio de los combustibles. Si bien muchos usuarios asocian los aumentos directamente a decisiones municipales, datos oficiales indican que más del 90% de la carga tributaria corresponde a impuestos nacionales y provinciales. En términos generales, la recaudación se distribuye entre Nación (65–70%), provincias (25–30%) y municipios (5–10%), donde se incluyen tasas urbanas, de seguridad e higiene y, en algunos distritos, la cuestionada tasa vial.

Mientras tanto, en Madariaga esperan respuestas concretas de la petrolera para aclarar una situación que, por ahora, deja más preguntas que certezas y reaviva la discusión sobre la transparencia en la conformación de los precios que pagan los automovilistas.