El Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia tras detectar irregularidades financieras y fallas de infraestructura en la terminal. La medida, oficializada a través de la Resolución 4/2026, busca regularizar las condiciones de seguridad operativa y resolver el déficit de inversión detectado.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) fundamentó la decisión en que la provincia de Tierra del Fuego utilizó el superávit financiero del puerto para financiar la obra social estatal (OSEF), incumpliendo el convenio de transferencia. Además, una inspección técnica detectó deterioro estructural en los muelles y sistemas contra incendios obsoletos.
La resolución establece la suspensión de la habilitación del puerto por un año, aunque se difirió la ejecución de esta sanción para evitar afectar la temporada de cruceros y el abastecimiento de la región. La intervención administrativa sobre la maquinaria, instalaciones y gestión de fondos es de cumplimiento inmediato.
La ANPyN solicitó la colaboración técnica y de recursos a la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.) para la gestión de la intervención, que tendrá una duración de 12 meses.
La intervención del Puerto de Ushuaia es una medida que busca garantizar la seguridad y eficiencia en la operación portuaria, y se espera que permita resolver los problemas detectados y mejorar la infraestructura del puerto.
La provincia de Tierra del Fuego deberá adecuarse a las nuevas condiciones y trabajar en conjunto con la ANPyN para revertir las irregularidades y falencias detectadas en el puerto.