Acusan a La Nueva Metropol de un esquema fraudulento que habría costado $30.000 millones al Estado

Una denuncia de enorme impacto sacude al sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Cuatro de las principales cámaras empresarias del sector acusaron al grupo de empresas La Nueva Metropol de haber llevado adelante una maniobra sistemática que habría generado un perjuicio cercano a los 30.000 millones de pesos al Estado nacional, mediante el cobro indebido de tarifas y la percepción irregular de compensaciones públicas.

Por el momento, la presentación se mantiene en el plano administrativo, pero los denunciantes no descartan judicializar el caso si no hay una respuesta inmediata de la Secretaría de Transporte.

Quiénes denunciaron y ante quién

Las denuncias fueron elevadas ante la Secretaría de Transporte de la Nación en tres oportunidades: el 26 y 30 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026. Los escritos llevan la firma de:

Roberto Rodríguez, presidente de la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA)

Daniel De Ingenis, titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA)

Daniel Tenisci, presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP)

Fabio Ferreira, responsable de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA)

Las entidades reclaman la intervención urgente del secretario de Transporte, Luis Pierrini, y advierten que los hechos denunciados serían fácilmente comprobables a partir de los registros oficiales del sistema de cobro y liquidación de compensaciones.

En qué consiste la maniobra denunciada

Según explican las cámaras empresarias, las empresas que integran el Grupo La Nueva Metropol habrían cobrado a los pasajeros tarifas correspondientes a tramos más largos que los trayectos efectivamente realizados. Esa diferencia no solo habría perjudicado directamente a los usuarios, sino que habría permitido a las empresas percibir compensaciones estatales mucho mayores a las que legalmente correspondían.

El núcleo del esquema está vinculado al funcionamiento del sistema de subsidios —denominados por las cámaras como “mal llamados subsidios”— que compensan a las empresas por la diferencia entre la tarifa técnica del servicio y el boleto que paga el pasajero.

Un ejemplo ayuda a entender el mecanismo denunciado:

En un viaje corto, con un costo total de $600, el pasajero paga $300 y el Estado compensa los otros $300.

En un viaje largo, cuyo costo real puede ascender a $1.800, el pasajero paga alrededor de $700 y el Estado cubre los $1.100 restantes.

De este modo, clasificar viajes cortos como si fueran largos permitiría acceder a una compensación pública muy superior. “Entregar boletos caros para líneas con recorridos extensos es el mejor de los negocios”, sintetizaron fuentes del sector, al describir la maniobra denunciada.

Un perjuicio doble: usuarios y empresas

Las cámaras advierten que el presunto fraude tuvo un doble impacto negativo. Por un lado, los pasajeros habrían pagado montos más altos por recorridos que no realizaban. Por el otro, el resto de las empresas del sistema se habría visto perjudicado, ya que las compensaciones provienen de una misma masa de fondos que luego se distribuye entre todos los operadores.

“Sumas significativamente superiores a las que legítimamente les hubiera correspondido”, señala el escrito, que también habla de un desvío de fondos públicos y de una violación directa de la normativa vigente.

Según estiman los denunciantes, la operatoria se habría sostenido durante al menos nueve meses a lo largo de 2025.

Desde La Nueva Metropol rechazaron de plano las acusaciones. En declaraciones al diario La Nación, voceros del grupo aseguraron que “no hubo tal maniobra” y atribuyeron la denuncia a una “vendetta” empresaria.

Como argumento, señalaron que el conflicto se desató luego de que el grupo anunciara un acuerdo para incorporar 150 colectivos a gas natural comprimido (GNC) fabricados por la empresa china King Long, que serían financiados con incentivos otorgados por el Gobierno porteño para la reconversión ecológica de flotas.

Reclamo por falta de respuesta oficial

Uno de los puntos más duros de la presentación apunta a la escasa reacción del Estado. En la tercera nota enviada a la Secretaría de Transporte, las cámaras expresaron estar “sorprendidas y desconcertadas” por la falta de medidas frente a una denuncia que consideran de extrema gravedad.

Por ese motivo, reclamaron que el secretario Pierrini adopte “medidas inmediatas acordes a la magnitud de los hechos” y recordaron que, de corroborarse la maniobra, la autoridad nacional estaría obligada incluso a dar intervención a la Justicia.

La denuncia se conoce en un momento particularmente delicado para el transporte público. El sistema atraviesa una fuerte fragilidad financiera, con subsidios desactualizados, paritarias estancadas y una creciente presión gremial.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) rechazó recientemente una oferta salarial del 1% y volvió a advertir sobre la posibilidad de un paro nacional. Desde el sindicato remarcaron que el salario básico del sector ronda los 1.370.000 pesos, con adicionales, y denunciaron que los trabajadores no pueden ser “rehenes” de la disputa entre empresas y el Estado.

Mientras tanto, las cámaras empresarias sostienen que sin una actualización de las compensaciones resulta imposible avanzar en mejoras salariales, en un contexto atravesado ahora por fuertes cuestionamientos al manejo de los fondos públicos.