El diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, reavivó el debate sobre la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al presentar un proyecto de ley que propone eliminarla en la provincia de Buenos Aires. En diálogo con Radio Realpolitik FM, el legislador cuestionó de manera frontal la efectividad del sistema y sostuvo que, lejos de cumplir un rol central en la seguridad vial, se ha convertido en un mecanismo costoso y poco transparente que beneficia a un reducido grupo de concesionarios.
“La VTV no salva vidas y sí es un negocio extraordinario en el bolsillo de unos pocos”, afirmó De Leo al explicar el eje central de la iniciativa. El diputado reconoció que durante años tuvo reparos sobre avanzar con una propuesta de este tipo, ante el temor de retroceder en políticas públicas orientadas a reducir la siniestralidad vial. Sin embargo, aseguró que un análisis técnico y estadístico lo llevó a cambiar de postura.
Según explicó, los datos son contundentes: cerca del 90 por ciento de los siniestros viales se deben a fallas humanas, entre un 9 y un 10 por ciento a problemas de infraestructura, y apenas un 1 por ciento a desperfectos mecánicos. “Queda claro que solamente una parte ínfima de los accidentes puede atribuirse a cuestiones mecánicas”, subrayó, al tiempo que cuestionó que se destinen “miles y miles de millones de pesos” de los contribuyentes bonaerenses a un sistema que no arroja resultados significativos en términos de prevención.
De Leo también puso el foco en la evolución del esquema de VTV a lo largo de los últimos 30 años. Señaló que el sistema se fue encareciendo progresivamente, que se redujeron los plazos entre verificaciones y que todo esto ocurrió en paralelo a un crecimiento exponencial del parque automotor y a un marcado deterioro de la red vial provincial y nacional. “No solo no hubo inversión en rutas, sino que el estado de las mismas empeoró de manera muy grande”, advirtió.
Para el legislador, el debate de fondo no pasa por quién administra la verificación, sino por el destino de los recursos públicos. En ese sentido, planteó que la prioridad debería estar puesta en la educación vial, en controles de tránsito más inteligentes y en una inversión sostenida en infraestructura. “El dinero de la VTV termina solventando los costos del sistema, pero una gran parte queda en bolsillos de unos pocos, en concesiones con muchos puntos oscuros que incluso están siendo investigados por la Justicia”, sostuvo.
Consultado sobre el escándalo que involucró al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, De Leo reconoció que ese episodio reforzó la necesidad de dar la discusión, aunque aclaró que su proyecto no surgió a partir de ese hecho. “Nosotros veníamos trabajando la parte técnica desde antes y conocíamos los claroscuros de las concesiones, prácticamente desde el inicio del sistema en 1996”, señaló.
El diputado también fue crítico con las propuestas que buscan trasladar la VTV a talleres mecánicos privados. A su entender, esa alternativa no resuelve el problema de fondo. “Si un ciudadano tiene que pagar casi 100 mil pesos, pague a quien pague, el problema sigue siendo el mismo”, remarcó, y advirtió que cambiar el esquema de concesiones no implica necesariamente mayor transparencia ni mejores resultados en seguridad vial.
✅Proyecto armado.
— Andrés De Leo (@AndresDeLeo) January 13, 2026
👉🏻Cuando comience el año legislativo, lo primero que presentaré en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires será la eliminación de la VTV, que propuse hace cinco meses.
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En la misma línea, cuestionó los actuales controles de tránsito y la lógica recaudatoria de algunos mecanismos como la radarización. “No hay controles inteligentes: todos saben más o menos dónde están”, dijo, y reclamó políticas más eficaces y menos orientadas a la recaudación.
Al describir el estado de las rutas bonaerenses, De Leo fue categórico. Aseguró que la situación es insostenible y ejemplificó con la falta de señalización básica. “No tenés un solo cartel que te indique cómo llegar a la capital de la provincia de Buenos Aires. No hay uno”, graficó.
Finalmente, adelantó que el proyecto comenzaría a debatirse a partir del 1° de marzo y dejó en claro el objetivo político de la iniciativa: “No se trata solo de discutir quién se queda con el negocio. Lo que hay que discutir es por qué los bonaerenses tienen que pagar todos los años un costo tan alto por un sistema que hoy no está generando beneficios reales en materia de política de tránsito”.