Fitosanitarios: Bugallo insiste con una ley provincial tras el freno judicial a ordenanzas municipales

El debate por el uso de productos fitosanitarios volvió a instalarse con fuerza en la provincia de Buenos Aires luego de que la Suprema Corte bonaerense resolviera suspender de manera preventiva las ordenanzas municipales que regulaban las aplicaciones en los partidos de Tandil y Rauch. En ese contexto, el diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, insistió en la necesidad de avanzar con una ley marco a nivel provincial que unifique criterios y ponga fin a lo que definió como un “desorden territorial”.

El legislador recordó que su espacio trabajó el tema hace aproximadamente cuatro años, cuando impulsó un proyecto que finalmente perdió estado parlamentario. Según explicó, la legislación vigente no fija distancias mínimas para las aplicaciones de fitosanitarios, lo que genera un vacío normativo que hoy se traduce en interpretaciones dispares. “La ley actual no estipula distancias, y bajo el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido, las aplicaciones pueden realizarse sin límites específicos”, señaló.

Ante esa ausencia de una norma provincial clara, Bugallo advirtió que numerosos municipios comenzaron a dictar ordenanzas propias, muchas veces impulsadas por la presión social. “Cada municipio mete una ordenanza, pero están legislando sobre una competencia que no les corresponde”, sostuvo el diputado de General Arenales, al remarcar que la regulación de los fitosanitarios es una atribución de la Legislatura bonaerense.

En ese sentido, cuestionó tanto la proliferación de normativas locales como la intervención judicial en la materia. Como ejemplo, mencionó el caso de Pergamino, donde un fallo fijó una distancia de 1.095 metros para las aplicaciones. Para Bugallo, ese tipo de resoluciones “genera un desorden tremendo a nivel territorial”, al imponer criterios que no son homogéneos en toda la provincia.

La reciente decisión de la Suprema Corte se dio en el marco de una causa de inconstitucionalidad vinculada al impacto ambiental sobre la cuenca del arroyo Chapaleofú, lo que volvió a poner en tensión el vínculo entre producción agropecuaria, ambiente y salud. Frente a ese escenario, el legislador lilito reiteró que existe un resumen del proyecto presentado por su espacio, con lineamientos y “ideas fuerza” sobre qué debería contemplar una futura ley provincial de fitosanitarios, y confirmó que volverá a insistir con la iniciativa.

“La verdad es que sí es necesaria una ley”, enfatizó Bugallo, al advertir que sin una norma marco “cada municipio hace lo que quiere” y que, en muchos casos, el debate queda atravesado por posiciones ideológicas antes que por criterios técnicos o científicos. En esa línea, cuestionó que la discusión pública se concentre casi exclusivamente en el glifosato y en referencias a Monsanto. “La empresa ya no existe en Argentina y el glifosato no es el único producto que se utiliza”, aclaró.

El diputado también defendió el uso de fitosanitarios cuando se aplican de manera correcta y bajo control profesional. “El glifosato es banda verde y está habilitado por el Senasa”, afirmó, y remarcó que el problema no es el producto en sí, sino el uso indebido, sin receta agronómica ni supervisión de un ingeniero agrónomo.

Finalmente, Bugallo planteó que el debate suele mezclar la sanidad vegetal con la salud humana, cuando no siempre se trata de lo mismo. Comparó la discusión con el uso de medicamentos y sostuvo que afirmar que un fitosanitario “contamina o mata” por naturaleza es una simplificación que desconoce el eje central: el uso responsable, regulado y con controles adecuados.