No es un bar: la Justicia puso un freno a la mercantilización de un sitio del terrorismo de Estado

La decisión de instalar un bar de gin en un predio que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar volvió a encender una fuerte polémica en Mar del Plata. Esta vez, la Justicia intervino y ordenó frenar las obras, en un fallo que representa un respaldo clave para los organismos de derechos humanos y para quienes sostienen que los sitios vinculados al terrorismo de Estado no pueden ser objeto de explotación comercial.

La medida fue dictada por la Cámara Federal, con las firmas de los camaristas Alejandro Tazza y Pablo Jiménez, que hicieron lugar a una presentación de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas. La resolución establece la suspensión de cualquier intervención en el predio de la ex ESIM hasta el 8 de abril del próximo año.

La ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) fue señalada en causas judiciales y en los informes de la CONADEP como parte del engranaje represivo de la Fuerza de Tareas N°6 de la Armada, con asiento en la Base Naval de Mar del Plata. Entre 1976 y 1983, el lugar funcionó como centro clandestino de detención y tortura, donde estuvieron cautivos militantes políticos y sociales, muchos de ellos luego desaparecidos.

El fallo judicial se inscribe en una disputa que lleva años. El intento de habilitar usos comerciales en sectores del predio cobró nuevo impulso a partir de la llegada de Juntos por el Cambio al gobierno municipal. El proyecto ya había sido promovido en 2019, durante la gestión de Carlos Arroyo, y volvió a tomar fuerza en el primer mandato de Guillermo Montenegro, pese al rechazo de organismos de derechos humanos, sobrevivientes y vecinos de la zona.

Finalmente, en agosto de 2024, con mayoría propia en el Concejo Deliberante y ya convertido en legislador libertario, Montenegro logró que se aprobara la ordenanza que habilitó avanzar con el emprendimiento. La normativa estableció una triangulación administrativa: el municipio autorizó el uso de una parcela de dominio público a la sociedad de fomento Faro Norte, que a su vez cedió el espacio a la empresa Bullbarrel SA, impulsora del bar. El convenio fijó un plazo de cinco años, prorrogable por uno más, a cambio de un canon anual no inferior a tres millones de pesos, ajustable por inflación.

La ordenanza fue aprobada con los votos del PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Unión por la Patria y el Frente Renovador votaron en contra, mientras que La Libertad Avanza optó por la abstención. Pese a las protestas, la recolección de firmas, las denuncias preventivas de organismos de derechos humanos y las advertencias sobre la falta de estudios de impacto ambiental y dictámenes técnicos, el proyecto avanzó hasta que la Justicia volvió a poner un límite.

En el plano estrictamente judicial, la Cámara también intimó a la Asociación querellante a presentar nuevos elementos que permitan acreditar que la continuidad de las obras podría implicar la pérdida o alteración de pruebas vinculadas a violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, el tribunal dejó bajo análisis la legalidad de la privatización parcial del terreno y de los convenios firmados para habilitar actividades comerciales.

Irma Piñeiro, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, subrayó que “está ampliamente probado en causas judiciales que la ex ESIM funcionó como centro clandestino” y detalló que el predio abarcaba una extensa zona: desde el actual balneario Honu Beach, el Aquarium y el ex camping Luis Piedra Buena, hasta la bajada del balneario Horizonte, en el sector del Faro de Punta Mogotes. Además, afirmó que cuentan con “evidencia sobrada” para demostrar que el área donde se pretendía instalar el bar formó parte del circuito represivo.

La decisión judicial adquiere un peso político y simbólico particular en un contexto nacional marcado por el retroceso de las políticas de memoria, verdad y justicia y por el avance de discursos negacionistas sobre el terrorismo de Estado. En ese marco, la gestión de Guillermo Montenegro en General Pueyrredón nunca se caracterizó por promover una agenda activa en materia de derechos humanos y, tras la llegada de Javier Milei a la presidencia, su alineamiento con ese enfoque fue explícito.

Más allá de las disputas partidarias, el caso vuelve a poner en debate el sentido social de los espacios atravesados por el horror de la dictadura y el rol del Estado en su preservación. La ex ESIM no es solo un terreno costero con potencial inmobiliario: es un sitio atravesado por la memoria de la represión ilegal, por testimonios judiciales y por una historia que sigue interpelando a la democracia.