La seguidilla de accidentes registrados en Pinamar durante los primeros días del verano volvió a poner en agenda la seguridad vial, el uso imprudente de vehículos en zonas turísticas sensibles y el impacto del freno a la obra pública nacional. En ese marco, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, se refirió a los episodios ocurridos en el sector conocido como La Frontera, defendió el despliegue del Operativo Sol a Sol 2026 y reclamó al Gobierno nacional mayor inversión en infraestructura, con especial preocupación por el estado de la Ruta Nacional 3.
Durante declaraciones radiales, el funcionario de la gestión de Axel Kicillof remarcó que el operativo de seguridad de verano se desarrolla “sin mayores novedades” en los principales destinos turísticos bonaerenses y aclaró que el refuerzo en la Costa Atlántica no implicó un retiro de efectivos del conurbano. “Hay mucha presencia policial en los destinos turísticos y el conurbano mantuvo la misma cantidad de policías que durante todo el año”, sostuvo.
Según explicó Alonso, este equilibrio fue posible gracias a una planificación sostenida en el tiempo, que incluyó la creación de bases operativas en el interior de la provincia y la incorporación de agentes recientemente egresados. Esa estrategia permitió contar con una reserva operativa suficiente para reforzar la temporada alta sin desatender otras zonas críticas.
La Frontera de Pinamar: imprudencia y límites del control
Al referirse puntualmente a los accidentes ocurridos en La Frontera, donde en los últimos días se registraron choques graves —entre ellos uno que dejó a un niño de 8 años gravemente herido—, el ministro fue categórico. Describió el área como “un terreno muy hostil” para realizar controles preventivos y puso el foco en las conductas individuales. “Nadie que está ahí es víctima de la inseguridad”, afirmó, en alusión a las maniobras imprudentes que se repiten cada temporada con cuatriciclos, UTV y otros vehículos.
Cabe remarcar que en ese marco, la Municipalidad de Pinamar oficializó, mediante el Decreto N°0104/2026, un régimen sancionatorio más severo para regular el uso de La Frontera. La normativa contempla multas millonarias, secuestro de vehículos, inhabilitación de licencias y denuncias penales en los casos más graves, con el objetivo de frenar picadas y circulaciones fuera de las zonas habilitadas.
Entre los puntos más relevantes del decreto se encuentra la posibilidad de imputar al infractor todos los costos derivados de un accidente, incluyendo atención médica, traslados de emergencia, uso de recursos municipales y reparación de daños ambientales y del espacio público.
Infraestructura vial y cruce con Nación
Más allá de la coyuntura local, Alonso amplió el análisis y volvió a marcar diferencias con la política nacional en materia de obra pública. Destacó las inversiones realizadas por la Provincia en los principales corredores hacia la Costa Atlántica, como la repavimentación integral de la Autopista 2 y los trabajos en la Ruta 11, y contrastó esas obras con el deterioro de las rutas bajo jurisdicción nacional.
“Hace falta que un Gobierno invierta en obra pública y mantenga las rutas en buen estado”, subrayó el ministro, antes de advertir específicamente por la situación de la Ruta Nacional 3. Según señaló, el mal estado de este corredor tiene consecuencias directas sobre la seguridad vial en el centro de la provincia de Buenos Aires.
En particular, encendió las alarmas por el tramo que conecta Cañuelas, Las Flores y Azul, donde se registran a diario accidentes graves, muchos de ellos con víctimas fatales. Para Alonso, el freno a la inversión nacional no solo impacta en la conectividad y la producción, sino que se traduce en más riesgos para quienes transitan las rutas.