Las rutas nacionales de Buenos Aires, al límite: la mitad está en mal estado

El estado de las rutas nacionales dejó de ser una discusión técnica para transformarse en una experiencia cotidiana para quienes circulan por la provincia de Buenos Aires. Baches profundos, calzadas deformadas, banquinas inestables, señalización ausente y obras paralizadas conforman hoy un paisaje que impacta de lleno en la seguridad vial, el transporte de la producción y los costos logísticos. Un informe reciente del Instituto Argentina Grande (IAG) pone cifras concretas a ese deterioro y lo vincula de manera directa con la drástica reducción de la inversión en obra pública impulsada por el gobierno nacional.

El relevamiento, difundido durante la segunda semana de enero de 2026, advierte que el 50% de las rutas nacionales que atraviesan territorio bonaerense se encuentra en mal estado. Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, el informe describe un proceso acelerado de degradación de la infraestructura vial que tiene como principal causa el colapso del gasto de capital destinado a rutas y mantenimiento.

Según los datos del IAG, la inversión en infraestructura vial cayó un 80% en términos reales en 2025 respecto de 2023, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad redujo un 82% las partidas destinadas específicamente a la provincia de Buenos Aires. Las proyecciones oficiales para 2026 no muestran una reversión de esta tendencia y anticipan un escenario aún más restrictivo.

Desde el instituto advierten que el deterioro no responde a fallas puntuales ni a problemas coyunturales, sino a una decisión política sostenida. Durante la gestión nacional anterior, el 23% de la red vial nacional se encontraba en mal estado; actualmente, ese porcentaje asciende al 29%, lo que implica un incremento de seis puntos porcentuales en pocos años. En sentido inverso, los tramos considerados en buen estado pasaron de representar el 54,9% de la red al 47,5%.

“El equilibrio fiscal alcanzado por la administración nacional se construyó, en parte, reduciendo a mínimos históricos la inversión en infraestructura”, señala el informe. De hecho, el IAG detalla que el 25% del ajuste fiscal total se explica por el derrumbe del gasto de capital, con la obra pública como una de las principales variables de recorte.

El impacto de este escenario va más allá de la incomodidad para quienes manejan a diario. La falta de mantenimiento y de obras viales incrementa el riesgo de siniestros, encarece el transporte de mercancías, afecta la competitividad de las economías regionales y profundiza las asimetrías territoriales. En una provincia clave para la producción y la logística del país, el deterioro de las rutas nacionales se consolida así como uno de los efectos más visibles —y costosos— del ajuste.

Mientras tanto, los usuarios pagan peajes cada vez más caros para circular por corredores en peor estado, y las rutas continúan acumulando daños sin un plan de recuperación a la vista. El informe del Instituto Argentina Grande pone números a una realidad que miles de bonaerenses ya conocen de primera mano: la infraestructura vial se deteriora al ritmo del ajuste, con consecuencias directas sobre la seguridad y la economía cotidiana.