Senadores piden explicaciones por el fondo que financiaba obras en la Provincia

La disolución del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE) abrió un nuevo frente de tensión política en la Legislatura bonaerense. Senadores de La Libertad Avanza presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial para exigir precisiones sobre el impacto de la medida, al advertir que ya se registran obras paralizadas, pagos caídos y el riesgo concreto de litigios judiciales contra la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue impulsada por el senador platense Matías de Urraza y acompañada por el presidente del bloque libertario en la Cámara Alta, Carlos Curestis. El planteo apunta a esclarecer el estado patrimonial y operativo del Fondo tras su disolución, dispuesta por la Ley 15.557 que aprobó el Presupuesto provincial 2026 y dejó sin efecto el contrato de fideicomiso que regulaba al PROFIDE desde su creación en el año 2000.

Según el proyecto presentado, el Ejecutivo deberá informar cuál era la situación del Fondo al 31 de diciembre de 2025, detallando las obras y tareas en ejecución, los certificados de obra presentados y pendientes de pago, la composición de activos y pasivos, los instrumentos financieros vigentes y el destino del personal afectado al Consejo de Administración. También se solicita identificar a las autoridades responsables del proceso de implementación, disolución y liquidación, así como el estado concreto del procedimiento al 14 de enero de 2026.

En los fundamentos, De Urraza remarca que el PROFIDE funcionó durante más de dos décadas como una herramienta que permitió ejecutar obra pública “por fuera del presupuesto provincial”, con controles que considera débiles por parte de los organismos constitucionales encargados de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. A lo largo de sus 25 años de vigencia, el Fondo fue objeto de múltiples modificaciones normativas, adaptándose a las necesidades de cada gestión.

El punto más sensible del pedido de informes está vinculado a las consecuencias inmediatas de la liquidación del Fondo. Desde el bloque libertario advierten que la cesación de pagos dispuesta tras la disolución ya generó incumplimientos con empresas privadas que habían planificado su operatoria financiera en función de compromisos asumidos por el PROFIDE. Según se detalla en el proyecto, algunas firmas iniciaron reclamos legales por saldos adeudados, lo que podría derivar en juicios contra la Provincia y comprometer recursos públicos destinados a prestaciones colectivas.

Además, el senador alertó sobre el impacto de las actualizaciones automáticas de los certificados de obra impagos. De acuerdo con la normativa vigente, el incumplimiento de los plazos de pago activa ajustes diarios a través del Valor de la Unidad de Vivienda (UV), que pasó de 1.117,6 pesos en noviembre a 1.272 pesos al 12 de enero, según datos del Banco Nación. Este mecanismo, sostienen, incrementa día a día el costo fiscal de la demora y agrava el eventual perjuicio económico para el Estado bonaerense.

Desde el Gobierno provincial, en tanto, relativizaron las críticas y aseguraron que la eliminación del marco fiduciario no implicará la paralización de obras ni la interrupción de pagos. La postura oficial señala que las tareas y compromisos del PROFIDE fueron absorbidos por el Instituto de la Vivienda y que la medida apunta a suprimir estructuras administrativas consideradas costosas, sin afectar la continuidad de los proyectos de infraestructura.

Para De Urraza, contar con información detallada y actualizada es “imprescindible” para dimensionar el impacto económico, administrativo y legal de la disolución del PROFIDE y evaluar eventuales responsabilidades. Con ese argumento, el legislador libertario pidió el acompañamiento de sus pares para avanzar con el pedido de informes y, según expresó, “resguardar el interés público y la correcta administración de los recursos provinciales”, en un momento en el que la política de infraestructura vuelve a quedar en el centro de la disputa entre la oposición y la gestión de Axel Kicillof.