Grave denuncia en la CNEA: ATE habla de un desvío de fondos y prepara cortes de ruta

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una grave denuncia contra las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a las que acusó de haber desviado una partida presupuestaria de más de $3.863 millones que tenía un destino específico: el pago de salarios y el mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén. Ante la falta de respuestas y el no cobro de los haberes, el gremio anunció un plan de lucha que incluye cortes sobre la Ruta Nacional 22.

Según detalló el sindicato, en diciembre de 2025 el Gobierno nacional aprobó una ampliación presupuestaria por $3.863.026.100 a favor de la CNEA, con asignación directa a la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), firma que administra la PIAP. Esos fondos debían utilizarse para abonar los salarios correspondientes al mes de diciembre —que debían liquidarse el primer día hábil de enero— y para cubrir los costos de mantenimiento y conservación de la planta, considerada estratégica para el desarrollo nuclear argentino.

De acuerdo a la denuncia de ATE, el dinero ingresó formalmente a las cuentas de la CNEA, pero nunca fue transferido a ENSI. El gremio responsabilizó de manera directa al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y sostuvo que el destino actual de los fondos es desconocido. Para la organización sindical, se trata de una irregularidad de extrema gravedad, ya que se habría incumplido el destino específico de la partida presupuestaria, dejando a los trabajadores sin cobrar y a la planta sin respaldo financiero para su funcionamiento.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la situación como un “desvío multimillonario” y no descartó que pueda tratarse de un hecho delictivo. “Estamos hablando de dinero que tenía nombre y apellido: salarios y mantenimiento de una planta estratégica. Hoy los trabajadores pasaron las fiestas sin cobrar y todavía siguen sin percibir sus haberes”, advirtió. En un tono especialmente duro, el dirigente afirmó que “estos no son funcionarios, son delincuentes” y exigió que se explique de inmediato qué se hizo con los más de $3.863 millones asignados.

Desde el gremio señalaron que la falta de pago no sólo golpea de lleno a las familias de los trabajadores de la PIAP, sino que también compromete la compra de insumos, la conservación de las instalaciones y la continuidad operativa de una planta clave para la producción de agua pesada, insumo fundamental para el sistema nuclear argentino. En ese sentido, ATE alertó sobre un posible proceso de vaciamiento encubierto, con consecuencias directas sobre la soberanía energética y tecnológica del país.

Ante la ausencia de respuestas oficiales por parte de la CNEA, el sindicato anunció que profundizará las medidas de fuerza. Las protestas incluirán cortes de ruta en Neuquén, con epicentro en el puente Arroyito sobre la Ruta Nacional 22, un punto neurálgico para la circulación en la región. ATE advirtió que las medidas se sostendrán hasta que se garantice el pago íntegro de los salarios adeudados y se brinde una explicación concreta y documentada sobre el recorrido del dinero.

Además, el gremio adelantó que evalúa extender las acciones a otros puntos del país vinculados al sector nuclear si el conflicto no se destraba en el corto plazo. En paralelo, reclamó la intervención de los organismos de control y de la Justicia para que se investigue la ruta de los fondos, se determinen responsabilidades administrativas y políticas, y se asegure que los recursos públicos sean utilizados para el fin para el que fueron asignados.

Desde ATE sostienen que la combinación de ajuste, desfinanciamiento y falta de inversión pone en riesgo capacidades tecnológicas construidas durante décadas. En ese marco, el conflicto por los fondos de la PIAP aparece como un caso testigo sobre el manejo de los recursos públicos y el rol del Estado en la preservación de sectores estratégicos. Mientras tanto, los trabajadores siguen sin cobrar y el conflicto amenaza con escalar en las rutas neuquinas.