Policías desarmados y conflicto legal en la costa bonaerense

La temporada de verano volvió a poner en primer plano una discusión sensible en la provincia de Buenos Aires: cómo se organiza la seguridad en la costa atlántica y bajo qué condiciones trabajan quienes integran el Operativo Sol. En ese contexto, el diputado provincial de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, presentó un proyecto de repudio contra el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, por la decisión de desplegar a policías recién egresados sin su armamento reglamentario.

La iniciativa del legislador —excomisario inspector y asumido en su banca el 10 de diciembre— no se limita a un cuestionamiento administrativo. Apunta al corazón del modelo de gestión de la seguridad y a una decisión que, según denuncia, expone tanto a los efectivos como a la población. Bondarenko aseguró haber recibido reclamos directos de policías y de sus familias, alarmados por la falta de entrega de las pistolas reglamentarias a los agentes recientemente graduados que hoy patrullan localidades turísticas.

Desde una mirada legal, el planteo no es menor. El diputado sostiene que la medida contradice la Ley Provincial N.º 13.982, que reconoce el derecho del personal policial a portar su arma reglamentaria. En ese marco, el proyecto de repudio busca dejar asentado que no se trata solo de una decisión operativa coyuntural, sino de una posible vulneración de un derecho establecido por norma. La discusión, así, se desplaza del terreno político al jurídico, y abre interrogantes sobre la responsabilidad del Ministerio frente a eventuales hechos de violencia.

El trasfondo político también resulta clave. Bondarenko encuadra su crítica en un contexto de creciente violencia delictiva y advierte que enviar agentes sin armamento a zonas de alta circulación turística implica “exponerlos a la buena de Dios”. El discurso conecta con una narrativa recurrente de La Libertad Avanza, que pone el foco en el respaldo estatal a las fuerzas de seguridad y cuestiona lo que considera improvisación o desconocimiento por parte de la conducción política del área.

En esa línea, el legislador amplió sus críticas al jefe de la Policía bonaerense, comisario Javier Villar, por no pronunciarse públicamente ante una decisión que, a su entender, afecta directamente la tarea policial. El silencio institucional es leído por el bloque libertario como una señal de aval tácito o, al menos, de falta de autonomía de la cúpula policial frente al Ministerio.

Del otro lado, el Ministerio de Seguridad bonaerense sostiene que el Operativo Sol 2026 implica un despliegue integral de recursos de seguridad, salud y transporte en toda la provincia. Para la temporada, se afectaron unos 22.000 policías destinados a tareas de prevención, cuidado de turistas y control en rutas. Sin embargo, la cartera no respondió públicamente a la acusación puntual sobre los efectivos sin armamento, lo que alimenta la controversia.

El planteo de Bondarenko apunta a exponer  la distancia entre los anuncios de despliegues masivos y las condiciones concretas en las que se desempeñan los agentes en el territorio. También revela cómo la seguridad sigue siendo un campo de disputa política intensa, donde cada decisión operativa se traduce rápidamente en un posicionamiento ideológico.