Celulares importados sin impuestos: ¿competencia real o retroceso industrial?

El Gobierno nacional avanzó en una de las decisiones más sensibles para el entramado productivo argentino al eliminar por completo los aranceles a la importación de teléfonos celulares. Desde este jueves 15 de enero, los dispositivos ingresarán al país con arancel cero, una medida que el Ejecutivo presenta como una herramienta para fomentar la competencia y reducir los precios al consumidor, pero que reabre un debate de fondo sobre el futuro de la industria nacional y el esquema de desarrollo vigente en Tierra del Fuego.

La decisión se apoya en el Decreto 333/25, publicado en mayo del año pasado, cuando ya se había iniciado un proceso de desgravación gradual: la alícuota había pasado del 16% al 8%. Con el nuevo paso, el arancel se elimina por completo. En paralelo, el Gobierno también suprimió los impuestos internos a celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego, que pasaron del 9% al 0%, y redujo del 19% al 9,5% los impuestos internos para televisores y consolas importadas.

Desde la óptica oficial, el paquete de medidas busca mejorar la oferta, abaratar precios y ampliar el acceso a bienes tecnológicos, con el argumento de promover la inclusión digital y el desarrollo tecnológico. Incluso se desliza la posibilidad de una baja de hasta el 30% en los precios finales, aunque se reconoce que el impacto no será inmediato y dependerá de variables de mercado como la competencia, la logística y la dinámica de la demanda.

Sin embargo, el impacto de la medida excede largamente el mostrador de las casas de electrodomésticos. En Tierra del Fuego, donde se concentra buena parte de la industria electrónica nacional, la decisión fue recibida con fuerte preocupación sindical y empresarial. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande advirtió que la quita total de aranceles profundiza un escenario crítico para la producción local. “Desde Nación hay una política que va en contra de la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación”, sostuvo Marcos Linares, secretario adjunto del gremio.

El trasfondo del conflicto no es menor. El régimen industrial fueguino, creado en 1972, representa cerca del 78% de la economía provincial y sostiene alrededor de 8.500 puestos de trabajo directos en la industria electrónica. Se trata de un esquema que, por ley, exime del pago de impuestos nacionales a las actividades productivas realizadas en la isla, con el objetivo histórico de poblar, desarrollar y sostener económicamente una región estratégica del país.

Desde el sector sindical advierten que la apertura importadora, combinada con la eliminación de aranceles y la reducción de impuestos, coloca a la industria local en una situación de desventaja estructural frente a productos fabricados en el exterior, especialmente en países con costos laborales y escalas de producción significativamente más bajos. No es un debate nuevo: ya el año pasado la UOM había impulsado un paro por tiempo indeterminado que paralizó las plantas electrónicas de Río Grande en rechazo a las políticas oficiales, alertando sobre el riesgo para el empleo, la actividad industrial y el arraigo poblacional en la provincia.

El interrogante central es si la prometida baja de precios logrará compensar el impacto económico y social de un eventual retroceso industrial. La experiencia argentina muestra que las reducciones impositivas no siempre se trasladan de manera lineal al precio final, y que muchas veces el beneficio queda absorbido por intermediarios, costos logísticos o márgenes comerciales. Al mismo tiempo, la pérdida de producción local no solo afecta al empleo directo, sino también a cadenas de proveedores, servicios asociados y economías regionales enteras.

Con esta decisión queda expuesta nuevamente la discusión sobre el  modelo productivo pretende impulsar el país y cuál es el rol que se le asigna a la industria nacional en un contexto de apertura comercial. Mientras el Gobierno apuesta a la competencia externa como mecanismo de disciplinamiento de precios, en Tierra del Fuego crece el temor de que la factura se pague en puestos de trabajo, capacidad productiva y soberanía industrial. El impacto real de la medida, tanto en los bolsillos como en las fábricas, comenzará a medirse en los próximos meses.