Más femicidios, más crueldad y menos Estado

El reporte anual de femicidios de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) volvió a encender una alarma que, lejos de apagarse, se amplifica con cada año que pasa. En 2025 se registraron 266 femicidios, transtravesticidios y femicidios vinculados en la Argentina: 11 casos más que en 2024, una mujer asesinada cada 33 horas. La cifra no solo habla de una violencia persistente, sino de un fenómeno que muta, se vuelve más cruel y encuentra cada vez menos frenos institucionales.

El informe elaborado por el Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos expone una paradoja inquietante. Mientras la tasa nacional de femicidios se mantiene estable —1 cada 100.000 mujeres, similar a los últimos cuatro años—, los indicadores cualitativos empeoran: crecen los intentos de femicidio, se multiplican las escenas de tortura previas al asesinato y se expanden territorialmente modalidades ligadas al crimen organizado. No se trata solo de cuántas muertes ocurren, sino de cómo y en qué contexto se producen.

Los datos duros son elocuentes. Hubo 997 intentos de femicidio y 184 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres. El 68% de los crímenes fue cometido por parejas o exparejas y el 62% ocurrió en la vivienda de la víctima o en la que compartía con el agresor. Apenas el 15% de las mujeres había denunciado previamente a su agresor, un porcentaje que se mantiene entre los más bajos desde 2015 y que vuelve a poner en cuestión la eficacia real de los canales de protección existentes.

El mapa federal también revela desigualdades persistentes: Santa Cruz, Misiones, Neuquén y Chaco presentan las tasas más altas de femicidios. Lejos de ser episodios aislados, los asesinatos por odio de género siguen un patrón que combina violencia doméstica, desprotección estatal y contextos sociales cada vez más hostiles para mujeres y diversidades.

Desde MuMaLa, el análisis es contundente. El informe advierte que el ajuste económico, la misoginia institucional y la proliferación de discursos de odio de género tienen consecuencias directas y letales. El odio que circula en redes sociales deja de ser virtual y se traduce en acción femicida; prácticas antes circunscriptas a determinados territorios —como los femicidios en contextos narco— se extienden; y la violencia extrema se normaliza en un escenario de retrocesos deliberados en políticas de género.

En ese marco, la organización insiste en la declaración de la emergencia nacional en violencia de género. No como un gesto simbólico, sino como una herramienta para restituir y multiplicar políticas públicas hoy desfinanciadas o directamente desmanteladas. El señalamiento apunta al incumplimiento de leyes y tratados internacionales con rango constitucional, una omisión que deja a miles de mujeres sin respuestas ni protección efectiva.

La vocera nacional de MuMaLa, Victoria Aguirre, fue tajante al evaluar el escenario: la violencia más extrema crece mientras lo único que desciende es la respuesta estatal. Aguirre alertó además sobre la aparición de nuevas modalidades femicidas asociadas al auge de discursos explícitamente misóginos y a la expansión del crimen organizado, dinámicas que complejizan aún más un problema ya estructural.

A diez años del primer grito colectivo de Ni Una Menos, el informe 2025 confirma que el femicidio no es una tragedia inevitable ni un fenómeno desconectado del contexto político y social. Es, por el contrario, el resultado extremo de decisiones —y omisiones— concretas. Cuando el Estado se retira, la violencia avanza. Y cuando el odio se legitima desde lo simbólico, termina escribiéndose en los cuerpos. La urgencia, advierten las organizaciones, ya no admite diagnósticos tibios: sin políticas integrales y sostenidas, las estadísticas seguirán contando muertes.