“Negocio para pocos, desastre para muchos”: el mensaje de Máximo Kirchner por los incendios

Los incendios forestales que avanzan sobre distintas zonas de la Patagonia reactivaron una discusión que excede la coyuntura ambiental y se proyecta de lleno sobre el modelo de desarrollo y el rol del Estado. En ese marco, el diputado nacional (MC) Máximo Kirchner salió a cuestionar con dureza los intentos del Gobierno nacional de derogar la Ley de Manejo del Fuego, una norma que, según advirtió, busca frenar prácticas especulativas que se profundizan cada vez que el fuego arrasa con grandes extensiones de tierra.

Desde sus redes sociales, el presidente del PJ bonaerense vinculó los incendios con intereses económicos concretos y rechazó el argumento oficial de que la ley “desincentiva la producción”. “¿De verdad? No nos sorprende. Otra mentira más”, expresó, en un mensaje que apuntó directamente contra la gestión de Javier Milei. Para Kirchner, la norma no afecta la actividad productiva genuina, sino que limita “la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy”.

La frase con la que cerró su intervención resume el eje de la disputa: “Negocio para pocos. Desastre para muchos”. En ese planteo, los incendios dejan de ser solo una emergencia ambiental para convertirse en un síntoma de un conflicto estructural entre el uso del suelo, la rentabilidad inmediata y la preservación de los bienes comunes.

La Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2012 y modificada en 2020, introdujo una restricción clave: prohíbe cambiar el uso de las tierras afectadas por incendios durante décadas, especialmente en bosques nativos, áreas protegidas y humedales. Esa cláusula fue incorporada justamente para desalentar los incendios intencionales con fines inmobiliarios, forestales o extractivos, una práctica denunciada de manera recurrente por organizaciones ambientales y comunidades locales.

En 2020, la reforma impulsada por el propio Kirchner amplió el alcance de esa protección, estableciendo plazos de hasta 60 años sin posibilidad de reconversión productiva en zonas de alto valor ecológico. El objetivo era claro: cortar de raíz cualquier incentivo económico asociado a la quema deliberada de territorios.

Sin embargo, desde la llegada de Milei al poder, la ley volvió a quedar bajo revisión. Aunque el Presidente había anticipado su modificación a través de un mega DNU a fines de 2023, finalmente el decreto no incluyó cambios sobre el régimen del fuego. Aun así, las declaraciones oficiales y los lineamientos generales del Gobierno, orientados a reducir regulaciones ambientales, mantienen abierta la incertidumbre.

En ese contexto, los incendios en la Patagonia funcionan como un recordatorio incómodo. Mientras brigadistas, comunidades y gobiernos locales enfrentan las consecuencias inmediatas del fuego, el debate político expone una tensión de fondo: si el Estado debe actuar como garante de la protección ambiental o retirarse en nombre de una supuesta libertad económica.