La Corte bonaerense revisa la legalidad de la tasa vial en Mar del Plata

La discusión por el alcance y la legalidad de los impuestos municipales sumó un nuevo capítulo judicial en la provincia de Buenos Aires. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires deberá pronunciarse ahora sobre la validez de la denominada tasa vial que se cobra en el partido de General Pueyrredón, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata, en un contexto de creciente presión nacional para reducir tributos locales.

El caso llegó al máximo tribunal provincial luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata concediera un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el exdiputado bonaerense Guillermo Castello, referente de La Libertad Avanza. Castello cuestiona el adicional del 3% que se aplica sobre cada carga de combustible en el distrito y sostiene que su cobro resulta incompatible con normas federales vigentes.

La tasa en disputa fue creada a comienzos de 2024 durante la gestión del entonces intendente Guillermo Montenegro, hoy senador provincial, y continuada por su sucesor en el Ejecutivo local, Agustín Neme. Ambos dirigentes, de origen PRO, se encuentran actualmente alineados con el espacio libertario que conduce el presidente Javier Milei, lo que añade un componente político interno a la controversia judicial.

En su planteo, Castello argumenta que el gravamen no reúne los requisitos jurídicos para ser considerado una tasa, ya que no existiría una prestación concreta, efectiva e individualizada del servicio que se invoca para justificarla. Además, sostiene que el cobro viola la ley de Coparticipación Federal 23.548, que prohíbe a las jurisdicciones locales aplicar impuguiestos análogos a tributos nacionales coparticipables, y el decreto ley 505/58, que impide gravar los combustibles líquidos.

El conflicto judicial tiene antecedentes. En agosto de 2024, el exlegislador había obtenido un fallo favorable que declaró la inaplicabilidad de la tasa, aunque limitado a su situación particular. Esa decisión fue apelada por el municipio y revertida por la Cámara, lo que derivó en el nuevo recurso que ahora quedó en manos de la Corte bonaerense y que tendrá efectos potencialmente generales.

La causa se inscribe, además, en una discusión de alcance nacional. El ministro de Economía Luis Caputo viene cuestionando públicamente las tasas municipales aplicadas sobre combustibles y otras actividades económicas, al considerarlas un factor que distorsiona precios y presiona sobre la actividad. En ese marco, el Palacio de Hacienda difundió un mapa de “transparencia tributaria” para exhibir la carga impositiva local en distintos distritos del país.

En ese relevamiento, General Pueyrredón aparece entre los municipios con mayor presión fiscal: durante 2025 aplicó cuatro de las cinco tasas observadas por el Gobierno nacional y, en el caso de la tasa vial, comparte con Pinamar la alícuota más alta de la provincia. También se destacan los porcentajes elevados en la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, especialmente sobre entidades financieras.

Así, el pronunciamiento que adopte la Corte bonaerense no solo definirá la constitucionalidad de un tributo clave para el financiamiento municipal, sino que también puede sentar un precedente para otros distritos de la provincia.