Mónica Macha, integrante del bloque que acompaña a la alianza que gobierna la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto de declaración en la Legislatura provincial para expresar su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional reformó la Ley de Inteligencia Nacional y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado.
La iniciativa se apoya en la “preocupación” por el alcance de las nuevas funciones asignadas a los organismos de inteligencia y por el impacto que esos cambios podrían tener sobre el marco institucional y la calidad democrática del país. En el texto, Macha cuestiona que la reforma se haya instrumentado por decreto y no a través de un debate parlamentario amplio, dada la sensibilidad del área involucrada.
El DNU dispone la creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia y establece que todas sus actividades tendrán carácter encubierto por razones de seguridad estratégica. A su vez, centraliza en la SIDE el control del presupuesto del sistema de inteligencia y la administración de los gastos reservados. En paralelo, ordena la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y la transferencia de sus recursos al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo el argumento de eliminar superposiciones operativas.
Para la senadora, este rediseño concentra poder y debilita los mecanismos de control democrático. En su presentación advierte que la normativa habilita a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico a fuerzas de seguridad y a las Fuerzas Armadas de manera discrecional, lo que, a su entender, puede erosionar los principios republicanos y la transparencia en la gestión pública.
El proyecto remarca además que el fortalecimiento de la democracia exige una separación estricta entre inteligencia, seguridad interior y defensa nacional, distinción que —según sostiene— queda desdibujada con la reforma impulsada por el Ejecutivo. En ese sentido, Macha subraya que el sistema de inteligencia debe funcionar bajo control civil efectivo y con límites claros para evitar abusos.
Finalmente, la iniciativa de repudio exhorta al Congreso de la Nación a aplicar los mecanismos de control previstos en la legislación vigente para evaluar la constitucionalidad del DNU. El objetivo es que el Senado bonaerense fije una posición institucional y reclame que las políticas de inteligencia se ajusten a los estándares de legalidad, control democrático y respeto a los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales suscriptos por el país.