La educación técnica va a la Justicia para frenar un recorte sin precedentes

La comunidad educativa de la Educación Técnico Profesional llevó el conflicto por el financiamiento escolar al terreno judicial y encendió una nueva señal de alarma sobre el rumbo del presupuesto educativo para 2026. Padres, madres y estudiantes presentaron esta semana una acción de amparo con pedido de medida cautelar para frenar el recorte previsto en el Artículo 30 de la Ley de Presupuesto, al que acusan de provocar un ajuste real del 93% en los fondos destinados a las escuelas técnicas de todo el país.

La presentación recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Tributario N° 11 y apunta directamente contra uno de los artículos centrales del proyecto presupuestario impulsado por el Gobierno nacional. Según el planteo judicial, la norma elimina los pisos mínimos de financiamiento establecidos por la legislación vigente para la Educación Técnico Profesional, lo que en la práctica dejaría al sector sin garantías de inversión sostenida. De acuerdo con los cálculos incluidos en la demanda, el presupuesto previsto para 2026 representa apenas el 7% de los recursos equivalentes a los asignados en 2023, una caída que los denunciantes califican como “drástica y sin precedentes”.

El amparo cuestiona la constitucionalidad de la medida desde varios ángulos jurídicos y advierte que no se trata de un simple reordenamiento contable. Uno de los argumentos centrales sostiene que una ley anual como el Presupuesto no puede modificar ni vaciar de contenido leyes de carácter permanente que consagran derechos estructurales, como ocurre con el marco normativo que regula la educación técnica. En ese sentido, los demandantes remarcan que el recorte no solo reduce partidas, sino que altera el espíritu mismo del sistema de financiamiento diseñado para garantizar igualdad de oportunidades y continuidad pedagógica.

Otro de los ejes del reclamo se apoya en el principio de no regresividad en materia de derechos sociales, consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional. Desde esa perspectiva, eliminar los pisos de inversión implica un retroceso explícito en un derecho ya reconocido y ejercido, algo que el Estado no puede hacer sin violar sus obligaciones legales. La cautelar también advierte sobre un efecto discriminatorio del ajuste, al señalar que el desfinanciamiento progresivo convertiría a la educación técnica en un servicio selectivo por nivel de ingresos, accesible solo para quienes puedan costear formación privada, en detrimento de los sectores populares que históricamente encontraron en las escuelas técnicas una vía de movilidad social y acceso al empleo calificado.

La urgencia del planteo judicial se apoya en una idea clave que atraviesa toda la presentación. Para los impulsores del amparo, el daño que podría generar el recorte es irreversible. Argumentan que la educación no puede ponerse en pausa a la espera de una sentencia definitiva y que las trayectorias educativas interrumpidas o deterioradas hoy no se recomponen con un fallo favorable dentro de varios años. Talleres sin insumos, prácticas profesionales suspendidas y docentes especializados desplazados son, según alertan, consecuencias inmediatas de un ajuste de esta magnitud.

En ese marco, especialistas y referentes del sector advierten que el recorte previsto en el Artículo 30 no debe leerse únicamente como una medida de ahorro fiscal. Lo interpretan como un cambio de paradigma en la política educativa y productiva del país, que pone en riesgo la formación de técnicos y técnicas necesarios para la industria, la innovación y el desarrollo nacional. La acción judicial busca, precisamente, que la Justicia intervenga antes de que ese impacto se materialice y declare la inconstitucionalidad de un ajuste que, sostienen, compromete no solo el presente de las escuelas técnicas, sino también el futuro productivo de la Argentina bajo la gestión de Javier Milei.