El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires amplió y prorrogó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones en más de una decena de distritos del interior bonaerense, en un reconocimiento oficial de que los excesos hídricos continúan afectando de manera significativa la capacidad productiva de los establecimientos rurales. La decisión quedó formalizada a través de distintos decretos publicados en el Boletín Oficial y contempla tanto nuevas declaraciones como prórrogas de regímenes ya vigentes.
En ese marco, se declaró la emergencia y/o desastre agropecuario por inundación en los partidos de Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú, para el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026. En el caso de Pehuajó, la medida alcanza a la totalidad de sus circunscripciones, mientras que en los otros distritos se aplica sobre amplias zonas rurales definidas por circunscripción catastral.
La Provincia también resolvió declarar la emergencia para la mayor parte de las circunscripciones rurales de General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores, donde el impacto de las inundaciones obligó a establecer un régimen excepcional desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.
A este cuadro se suman las prórrogas de la emergencia agropecuaria en General Alvear, Las Flores y Chacabuco, donde el régimen vigente fue extendido hasta fines de abril de 2026. En tanto, otro decreto prorrogó la emergencia en el partido de Roque Pérez, manteniendo bajo ese esquema a las circunscripciones III, IV, V, VII y VIII entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
Según los fundamentos oficiales, las condiciones que motivaron las declaraciones originales no solo no se revirtieron, sino que continúan deteriorando la capacidad productiva de los campos, de acuerdo con evaluaciones técnicas, informes agroclimáticos y relevamientos realizados en territorio. La persistencia de los anegamientos, remarcan desde el Ejecutivo bonaerense, justifica la extensión de un régimen excepcional que permita amortiguar el impacto económico sobre el sector.