Allanamiento en la AFA: la Justicia secuestra dispositivos y crece la tensión

La Justicia bonaerense ordenó el allanamiento al domicilio de Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica, en el marco de una causa que investiga irregularidades en la AFA y el sistema de fotomultas. Durante el procedimiento, se secuestraron dispositivos que podrían contener información sensible sobre transferencias bancarias, correos electrónicos y conversaciones.

El foco de la investigación se trasladó rápidamente al contenido de los dispositivos incautados, lo que generó preocupación en el empresario Leandro Camani, quien estaría realizando llamados a operadores del sistema judicial para frenar o negociar el alcance de las pericias. Camani es uno de los denunciantes en las causas de las fotomultas y del sistema de VTV, pero también aparece cuestionado por ser parte del propio esquema.

La Justicia le rechazó a Camani su presentación como damnificado, pero fuentes cercanas a las investigaciones reconocen que muchos de los elementos presentados por Yofe parecen de puño y letra del propio Camani. En paralelo, el expediente empezó a leerse en clave política, con versiones que vinculan a Yofe y al diputado bonaerense Luciano Bugallo con una maniobra para cuidar a Camani.

La inquietud de Camani es que el avance de la causa y las pericias sobre los dispositivos secuestrados puedan dejar expuesta alguna influencia directa suya dentro de ese entramado judicial y político, con derivaciones que podrían escalar a niveles superiores vinculados al universo de Sergio Massa. La preocupación se habría profundizado tras una serie de llamados desesperados de Pablo Aribe y Juan Zabaleta, quienes estarían realizando gestiones para intentar contener el impacto judicial. Zabaleta, quien aparece mencionado en la causa de Tres de Febrero, estaría preocupado por eventuales vínculos derivados de la cesión de parte de la recaudación a un particular, un esquema que hoy quedaría bajo la lupa si las pericias avanzan.

El clima es de máxima tensión, ante la posibilidad de que el material secuestrado revele una trama más amplia de relaciones políticas, financieras y operativas. "El problema no es el allanamiento, es la pericia", resumió una fuente con conocimiento del expediente, destacando que cuando un teléfono entra en análisis técnico, ya no hay margen para controlar el daño político.