Reforma de la inteligencia: el PRO evita definiciones y espera la reglamentación

Desde el bloque de PRO informaron que conformaron un equipo técnico especializado para estudiar en profundidad el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introdujo cambios en la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. La decisión, explicaron, responde a la sensibilidad del tema y a su impacto directo en la seguridad y la defensa del país.

En ese marco, el espacio político adoptó una postura inicial de prudencia institucional. Según señalaron, antes de fijar una posición definitiva consideran necesario aguardar la publicación de los protocolos de aplicación y de la normativa complementaria que determine los alcances reales de la reforma. Para el PRO, avanzar sin ese marco reglamentario implicaría emitir juicios apresurados sobre un asunto de alta complejidad.

Desde el bloque también relativizaron las críticas vinculadas al mecanismo utilizado por el Ejecutivo. Recordaron que la modificación de la ley de inteligencia mediante decretos de necesidad y urgencia fue una herramienta empleada en distintas etapas por gobiernos de diferentes signos políticos, por lo que no se trata de un procedimiento inédito dentro del funcionamiento institucional argentino.

En relación con el contenido del decreto, los referentes del PRO consideraron que los cambios introducidos podrían resultar positivos, aunque advirtieron que es imprescindible conocer con precisión los protocolos de uso, las reglas de empeñamiento y los alcances operativos de las nuevas facultades. En particular, pusieron el foco en las tareas de contrainteligencia y en las atribuciones vinculadas a la aprensión de personas, subrayando que estas últimas deben ser restrictivas y excepcionales, ya que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función.

Uno de los aspectos valorados de manera explícita por el bloque fue la integración y unificación de bases de datos estatales. Desde el PRO sostuvieron que esta modernización constituye una deuda histórica del Estado argentino, que se encontraba atrasado durante décadas en materia de interoperabilidad de información estratégica para la seguridad nacional. A la vez, aclararon que el tratamiento de esos datos no es discrecional, sino que se encuentra estrictamente regulado por las leyes de protección de datos personales vigentes, que establecen de forma taxativa los usos permitidos, por lo que no advirtieron riesgos legales si la integración se realiza dentro del marco normativo.

El análisis político también incluyó una mirada histórica. Desde el espacio “amarillo” recordaron que la Ley 25.520 fue sancionada en 2001 y que, a 25 años de su promulgación, el mundo cambió de manera radical, al igual que las amenazas y desafíos en materia de seguridad. En ese contexto, remarcaron que la Argentina no es ajena a esa transformación, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia una reforma estructural e integral del sistema de inteligencia nacional.

Para cerrar, el bloque del PRO reafirmó su posición de fondo: el compromiso con una inteligencia moderna, profesional, sometida a la ley, con controles democráticos sólidos y orientada de manera exclusiva a garantizar la seguridad de los argentinos.