La controversia por las declaraciones de Javier Milei sobre las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo judicial. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata intimó formalmente al Presidente para que se retracte en un plazo de 24 horas por sus expresiones en el diario británico The Telegraph.
Según la organización, al supeditar la soberanía argentina al “deseo” de los habitantes de las islas, Milei incurrió en una violación a la Constitución Nacional. En la carta documento, el CECIM sostiene que esas afirmaciones deshonran la memoria de los caídos y constituyen un incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El texto, firmado por el presidente del CECIM, Ernesto Alonso, recuerda que la Disposición Transitoria Primera de la Constitución ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas. “La manda constitucional exhorta a respetar el modo de vida de los isleños, pero nunca, bajo ningún punto de vista, sus deseos”, subraya el documento.
Para los excombatientes, esta diferencia es central y está respaldada por la Resolución 2065 de la ONU, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía. En ese marco, advierten que los dichos del mandatario podrían encuadrar en el artículo 248 del Código Penal y hablan de una “tacha de infamia” cercana a una traición a la Patria.
“Vemos con estupor y suma preocupación cómo, siendo Presidente de la Nación, se expidió en estos términos ante la prensa británica”, expresa la intimación, que también alerta sobre la base militar del Reino Unido en las islas y su impacto en la seguridad regional.
La carta plantea dos escenarios inmediatos: si Milei no se retracta, el CECIM avanzará con una denuncia penal y no descarta impulsar un pedido de juicio político. En caso de una rectificación pública, el Presidente debería explicar ante el Reino Unido y los medios internacionales que sus dichos fueron un error.
En declaraciones posteriores, Ernesto Alonso profundizó las críticas: “El Presidente está violando abiertamente la Constitución Nacional y trabajando para la estrategia del Foreign Office británico”, afirmó, al cuestionar la aplicación del principio de autodeterminación a una población implantada tras la ocupación de 1833.
