La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) volvió a encender las alarmas dentro del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires al reclamar definiciones urgentes sobre una serie de expedientes disciplinarios vinculados a denuncias por violencia laboral y de género que, al cierre de 2025, continúan sin resolución. Se trata de causas que involucran a magistrados y funcionarios judiciales y que, según el gremio, permanecen inexplicablemente paralizadas en los organismos competentes.
Desde la entidad sindical, que conduce Hugo Russo, señalaron que el año terminó sin avances sustanciales en procesos que describen como de “extrema gravedad institucional”. Si bien en algunos casos se dictaron suspensiones preventivas, la AJB advirtió que ninguna de las causas fue resuelta de manera definitiva, lo que mantiene un clima de preocupación y alerta entre las y los trabajadores del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
El reclamo incluye una extensa nómina de personas denunciadas. Entre ellas figuran la fiscal Mariana Albisu y los jueces Gastón Eduardo Echeveste, Alejandro Brissolese, Gustavo Lullo, Juan José Paci y Mariano Riva. También aparecen el fiscal José Luis Castaño, el camarista Roberto Jorda, la jueza Marcela Otermín y Miguel Ángel del Riego, director de Mandamientos y Notificaciones de la Suprema Corte bonaerense.
De acuerdo con lo informado por la AJB, las denuncias comprenden hechos de violencia laboral, violencia de género, acoso, abuso de autoridad y graves incumplimientos de los deberes funcionales. El sindicato remarcó que las presentaciones describen prácticas reiteradas que impactan directamente en la salud física y psíquica de las y los trabajadores judiciales, generando contextos laborales hostiles y vulnerando derechos básicos dentro de un ámbito que debería garantizar justicia y protección.
La gravedad del escenario se profundiza, según el gremio, porque algunos de los expedientes disciplinarios están acompañados por investigaciones penales en curso. Esta situación, afirmaron, refuerza la urgencia de una respuesta institucional clara y oportuna, que no puede seguir siendo postergada sin consecuencias.
En ese marco, la conducción sindical apuntó directamente contra la demora de los Jurados de Enjuiciamiento, a los que acusó de profundizar situaciones de daño y revictimización. “La falta de definiciones no solo agrava el sufrimiento de quienes denuncian, sino que además erosiona la credibilidad del sistema de justicia ante la sociedad”, advirtieron desde la AJB.
“No hay acceso real a la justicia posible si quienes ejercen funciones de conducción y decisión reproducen prácticas de acoso, abuso de poder y maltrato”, subrayaron desde el sindicato, al tiempo que calificaron como “irrenunciable” la erradicación de estas conductas dentro del Poder Judicial bonaerense.
El reclamo por los expedientes paralizados se inscribe, además, en una agenda más amplia que la AJB sostiene frente al Ejecutivo provincial. Allí confluyen demandas vinculadas a las condiciones de trabajo, los salarios, la cobertura de vacantes y el presupuesto judicial. En ese contexto, el gremio ratificó la continuidad de acciones gremiales, administrativas y legales hasta obtener definiciones concretas y evitar que la falta de respuestas se consolide, una vez más, como una forma de violencia institucional dentro del propio sistema de justicia.