Inteligencia por decreto: la oposición rechaza la reforma y exige control del Congreso

El Gobierno nacional oficializó el 2 de enero la reforma más profunda del sistema de inteligencia desde la sanción de la Ley 25.520 en 2001. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, la administración de Javier Milei introdujo cambios estructurales que redefinen el rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), centralizan la conducción del sistema y crean nuevas instancias de coordinación e intercambio de información. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, desató un inmediato y contundente rechazo de amplios sectores de la oposición, que denunciaron la ausencia de urgencia real y el desplazamiento del Congreso en un área considerada extremadamente sensible para la democracia.

Desde el interbloque Unidos —integrado por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal— y desde el Partido Socialista, los comunicados difundidos este jueves coincidieron en un punto central: no existe justificación constitucional para modificar por decreto el régimen de inteligencia, menos aún cuando continúan sin conformarse plenamente las comisiones bicamerales encargadas de controlar tanto los DNU como a los propios organismos de inteligencia.

Qué cambia el DNU 941/2025

La norma modifica de manera sustancial la Ley de Inteligencia Nacional. Uno de los ejes centrales es la consolidación del poder de conducción en la SIDE, que pasa a ser el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional con amplias facultades para definir lineamientos estratégicos, aprobar presupuestos, controlar gastos —incluidos los reservados— y designar o remover a los titulares de los organismos que integran el sistema.

El decreto crea la Comunidad de Inteligencia Nacional, un ámbito interinstitucional permanente que reúne a los organismos del sistema, a las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad federales, bajo conducción directa de la SIDE. En paralelo, se establece la Comunidad Informativa Nacional, integrada por ministerios y organismos públicos que no producen inteligencia en sentido estricto, pero que aportan información relevante para el análisis estratégico del Estado, como Cancillería, Migraciones, Aduana, el RENAPER y organismos vinculados al sector nuclear.

Otro aspecto clave es la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. El DNU crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, como autoridad nacional para la protección del ciberespacio y de las infraestructuras críticas. A la vez, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con un rol exclusivamente orientado a la producción de inteligencia en el dominio digital.

En materia de seguridad estratégica, la norma rebautiza la Agencia de Seguridad Nacional como Agencia Nacional de Contrainteligencia y redefine sus funciones, enfocándolas en la detección y análisis de amenazas como espionaje, sabotaje o injerencia extranjera. El decreto incorpora además una definición explícita de la contrainteligencia dentro de la ley y extiende la obligación de aplicar medidas pasivas de seguridad a todo el Sector Público Nacional.

La reforma también alcanza a la inteligencia militar. El DNU dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y transfiere sus funciones al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el argumento de eliminar superposiciones históricas. En paralelo, se refuerzan los controles internos mediante la creación de la Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones de auditoría e investigación.

Finalmente, el decreto establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto y habilita a los organismos del sistema a solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas y de seguridad, bajo autorización del titular de la SIDE.

La respuesta del Gobierno

Desde el Poder Ejecutivo, la reforma fue defendida como una modernización necesaria. En un comunicado oficial, la Secretaría de Inteligencia sostuvo que los “desafíos globales contemporáneos” y el nuevo posicionamiento internacional de la Argentina requieren un sistema de inteligencia profesional, eficiente y alineado con estándares democráticos. El Gobierno afirmó que el objetivo es clarificar competencias, eliminar funciones impropias y evitar prácticas del pasado vinculadas al espionaje interno o la persecución política.

Según el texto oficial, la explicitación de la contrainteligencia busca justamente poner límites claros y evitar desvíos, concentrando las capacidades del sistema en la protección del Estado frente a amenazas externas. La Casa Rosada remarcó además que el decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, tal como lo establece la Constitución.

El rechazo opositor y la alerta por el control democrático

Las bancadas opositoras cuestionaron de plano esa argumentación. En un comunicado conjunto fechado el 2 de enero, los diputados de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal advirtieron que el DNU introduce modificaciones de enorme impacto sin debate público ni participación de especialistas, organizaciones de la sociedad civil o las provincias.

Uno de los puntos más criticados es la declaración de que todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter encubierto, lo que, según los legisladores, amplía la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó bajo límites estrictos y control parlamentario. También señalaron como grave la extensión de la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional y la habilitación al personal de inteligencia para aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad.

En ese marco, el interbloque advirtió sobre el “riesgo de una policía secreta” y recordó que, desde el retorno de la democracia, existe un consenso básico: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en fuerzas de seguridad paralelas ni actuar sin controles efectivos del Congreso.

La diputada Gisela Scaglia sostuvo que “sin control del Congreso no hay democracia plena” y reclamó que cualquier reforma de inteligencia se discuta en el Parlamento. En la misma línea, Maximiliano Ferraro cuestionó el doble estándar político y se preguntó si el sistema institucional reaccionaría del mismo modo si un decreto de estas características hubiera sido firmado por un gobierno de otro signo.

Desde el Partido Socialista, el comunicado difundido este jueves también habló de un “avance autoritario” y de un grave retroceso democrático. El texto recordó que el control civil y parlamentario de los organismos de inteligencia es una conquista irrenunciable y exigió la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización, así como el tratamiento del DNU en los términos de la Ley 26.122.

Un debate que vuelve al centro de la escena

Más allá de los argumentos técnicos, el conflicto abre el debate sobre los límites del uso del DNU y el equilibrio entre seguridad y derechos en el marco del Estado de Derecho. Para la oposición, no hay emergencia que justifique reformar por decreto un sistema históricamente atravesado por abusos y prácticas opacas. Para el Gobierno, en cambio, se trata de una decisión estructural que busca ordenar, profesionalizar y dejar atrás décadas de desorden.

Mientras la Comisión Bicameral no se expida y el Congreso no discuta la validez del decreto, la reforma ya está en vigencia. El desenlace político e institucional de esta disputa marcará no solo el futuro del sistema de inteligencia argentino, sino también el alcance real del control parlamentario en una de las áreas más sensibles del poder estatal.