El empleo público cayó en más de 60.000 puestos a dos años de la asunción de Javier Milei, según datos oficiales que reflejan el impacto sostenido de la política de ajuste impulsada desde el inicio de su gestión. Desde noviembre de 2023, la reducción acumulada alcanza los 61.569 puestos de trabajo entre la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades del Estado, en un proceso que tuvo como eje el recorte del gasto público y la denominada “motosierra” sobre la estructura estatal.
De acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la caída del empleo público se profundizó durante el último año. En términos interanuales, la dotación de la Administración Pública Nacional se redujo un 7,1 por ciento, mientras que en las empresas y sociedades estatales el descenso fue del 7,8 por ciento. Medido en puestos de trabajo, esto implicó una disminución de 22.322 empleos respecto de noviembre de 2024 y una baja promedio del 7,3 por ciento en ambas áreas.
Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei sostuvo un discurso crítico hacia el empleo estatal, al que calificó reiteradamente como ineficiente y asociado a prácticas clientelares. Esa mirada se tradujo en despidos, no renovación de contratos y reestructuraciones en distintos organismos nacionales. A dos años del inicio del mandato, el resultado es una contracción significativa del plantel de trabajadores del Estado, con efectos visibles en casi todos los niveles de la administración.
La caída del empleo no fue homogénea y presentó diferencias según el ámbito de desempeño. En la administración centralizada, la reducción fue la más abrupta, al pasar de 55.858 empleados a 39.011, lo que representa una baja del 30,16 por ciento. En la administración descentralizada, el recorte alcanzó el 17,76 por ciento, con una disminución de 136.760 a 116.571 puestos. La administración desconcentrada también mostró una merma, aunque más moderada, del 9,62 por ciento, al pasar de 24.932 a 22.534 trabajadores. En el caso de otros entes estatales, el empleo cayó un 9,28 por ciento, mientras que en las empresas y sociedades del Estado la reducción fue del 18,78 por ciento, con un descenso de 110.259 a 89.556 puestos.
Este proceso de ajuste en el sector público se da en un contexto más amplio del mercado laboral. Durante 2025 se registró la creación de alrededor de 26.000 puestos de trabajo, aunque persiste la preocupación por el alto nivel de informalidad y la calidad del empleo generado. Al mismo tiempo, la actividad económica intenta salir del estancamiento de los últimos meses, con proyecciones para 2026 que anticipan un crecimiento moderado de entre 2 y 3 por ciento, aunque con fuertes disparidades entre sectores y sin un repunte significativo del consumo.
En paralelo, el cierre de 2025 dejó un escenario salarial complejo, especialmente para los trabajadores del sector privado. Las paritarias de comercio, una de las más numerosas del país, llegaron a enero de 2026 con un acuerdo que incluyó sumas fijas no remunerativas para el primer trimestre del año, como una forma de aliviar la pérdida de poder adquisitivo sin una recomposición inmediata del salario básico. El entendimiento alcanzado en diciembre buscó ganar tiempo para una revisión más profunda de las escalas, luego de que la paritaria semestral firmada a mitad de año quedara rápidamente desactualizada frente a la inflación de la segunda mitad del período.
En este marco, la fuerte contracción del empleo público se consolida como uno de los rasgos centrales de la política económica del gobierno nacional, con consecuencias que exceden las cifras y reconfiguran el funcionamiento del Estado, el mercado laboral y la relación entre el sector público y privado en la Argentina.