La Provincia refuerza controles contra la morosidad alimentaria

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó una nueva normativa que incorpora una restricción concreta para quienes incumplen con el pago de cuotas alimentarias. A partir de la entrada en vigencia de la ley 15.589, las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) tienen prohibido el acceso a casinos, bingos y salas de juego habilitadas en territorio bonaerense.

La medida fue oficializada este martes, a poco más de un mes de su sanción en la Legislatura bonaerense, y se suma a un conjunto de herramientas estatales orientadas a fortalecer el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias, consideradas un derecho básico de niñas, niños y adolescentes.

Según lo establecido por la ley, la prohibición alcanza a quienes acumulen tres cuotas consecutivas o cinco alternadas impagas, el mismo criterio que utiliza la Justicia provincial para definir la condición de deudor alimentario. De este modo, la norma busca articular las decisiones judiciales con nuevas medidas administrativas que amplían el alcance de las sanciones indirectas.

Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es el rol asignado a los operadores del juego. Los casinos y salas habilitadas deberán controlar el ingreso de las personas y negar el acceso a quienes figuren en el RDAM, mientras que el Poder Ejecutivo provincial será responsable de instrumentar los mecanismos necesarios para que esa verificación sea posible y de fiscalizar su cumplimiento.

El proyecto fue impulsado por el senador provincial de Unión por la Patria Germán Di Césare y obtuvo respaldo legislativo tras un debate que puso el foco en el impacto social del incumplimiento alimentario. En los fundamentos, se remarcó que estas obligaciones se extienden, como regla general, hasta los 21 años —y en ciertos casos hasta los 25— y que su pago regular resulta clave para garantizar condiciones de vida dignas y el desarrollo integral de quienes dependen de ellas.

Desde esa perspectiva, la ley no se limita a una lógica punitiva. También apunta a generar incentivos para que los deudores regularicen su situación, al impedirles el acceso a actividades recreativas asociadas al juego mientras mantengan deudas que afectan derechos esenciales de terceros.

La iniciativa, además, retoma principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a adoptar medidas adecuadas para asegurar el desarrollo físico, mental y social de las infancias, y a garantizar que las personas responsables de su manutención aporten los recursos necesarios dentro de sus posibilidades.