Espert apeló el congelamiento de sus bienes en la causa por lavado y cuestionó la medida judicial

El exdiputado nacional José Luis Espert presentó una apelación para revertir el congelamiento de sus bienes ordenado por la Justicia Federal en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. La medida había sido dispuesta por el juez Lino Mirabelli y alcanza a bienes muebles, inmuebles y activos financieros del economista por un plazo de 90 días, con el objetivo de evitar eventuales maniobras que puedan entorpecer la investigación.

La causa se originó a partir de la investigación por los 200 mil dólares que Espert recibió del empresario Federico “Fred” Machado, actualmente extraditado y acusado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. Según consta en el expediente, esos fondos no habrían sido declarados ante los organismos de control fiscal.

La apelación y los argumentos de la defensa

La defensa de Espert, integrada por los abogados Alejandro Freeland y Santiago Kent, presentó un escrito para impugnar la prohibición de innovar solicitada por el fiscal federal Federico Domínguez, quien tiene a su cargo la investigación. Desde el entorno del exlegislador calificaron la decisión judicial como “excesiva, desproporcionada e innecesaria” y sostuvieron que la resolución no fundamentó adecuadamente la urgencia que justifique el congelamiento patrimonial.

En ese sentido, los abogados remarcaron que la medida cautelar afecta derechos básicos sin que —a su criterio— existan elementos suficientes que acrediten un riesgo concreto de ocultamiento o disposición de bienes.

Investigación extendida al entorno familiar

La investigación judicial no se limita a Espert. La inhibición de bienes también alcanza a su esposa, María Mercedes González, y al hijo de ella, Manuel Iglesias, de 23 años, a quien la Justicia señaló como posible testaferro. De acuerdo con el expediente, Iglesias figura como titular de un vehículo valuado en 72,9 millones de pesos, pese a no registrar ingresos declarados.

Además, la medida se extendió a Varianza S.A., una firma constituida en 2019 por Espert y su esposa, que para los investigadores podría haber sido utilizada como vehículo para canalizar fondos de origen ilícito. También son investigados los hermanos del exdiputado, Gustavo y Alejandra Espert, y se congelaron bienes como vehículos, sociedades, el sello electoral Avanza Libertad, un condominio familiar y una quinta ubicada en Escobar.

Facturación en dólares y cuentas no declaradas

Entre los elementos incorporados a la causa, el fiscal Domínguez destacó el hallazgo de una factura de exportación por 300 mil dólares, emitida en 2019 a nombre de Wellington Capital Markets Ltd. La documentación fue encontrada en una propiedad vinculada a Espert y, según la acusación, evidenciaría la existencia de al menos una cuenta bancaria radicada en el exterior que no fue declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En la misma línea, la fiscalía señaló la presunta omisión de una cuenta en Morgan Stanley que no figura en las declaraciones juradas del exdiputado, lo que reforzaría la hipótesis de inconsistencias entre los ingresos declarados y el patrimonio real del grupo familiar.

El origen de la causa y el rol de la Cámara Federal

La investigación se inició tras una denuncia del diputado nacional Juan Grabois, basada en documentación vinculada a un fideicomiso relacionado con Machado, en el que figuraba asentado un pago de 200 mil dólares a favor de Espert que nunca habría sido informado a los organismos de control.

En su resolución, el juez Mirabelli advirtió que la demora en adoptar medidas cautelares podría facilitar maniobras destinadas a frustrar el eventual recupero de activos o su decomiso, dado que existen indicios de bienes omitidos y movimientos financieros no declarados.

La apelación presentada por la defensa quedó ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá resolver si mantiene o revoca el congelamiento de bienes mientras avanza la investigación judicial. La decisión será clave para definir el alcance de las medidas cautelares en una causa que mantiene en la mira al economista libertario y a su entorno más cercano.