A cinco años de la IVE: el derecho que resiste entre el ajuste y la militancia sanitaria

Cuando se cumplen cinco años de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, el balance dista de ser lineal. El derecho conquistado en 2020 sigue vigente en términos normativos, pero su implementación enfrenta serias dificultades en la práctica. Así lo advierte Lucía de la Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS, quien señala que, desde la asunción del presidente Javier Milei, el Estado nacional se ha corrido de su rol central en la garantía del acceso al aborto seguro.

“La IVE hoy está siendo sostenida por los equipos de salud y las socorristas, y en algunas provincias con insumos locales”, resume De la Vega. La afirmación no es menor: describe un escenario en el que la política pública nacional dejó de ser el motor del sistema y pasó a depender de la voluntad, el compromiso profesional y la organización territorial.

El retiro del Estado nacional

La abogada recuerda que, incluso antes de la sanción de la ley, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva cumplía un papel clave: distribución de insumos, capacitaciones a equipos de salud y asesoramiento técnico. Ese trabajo permitió que, una vez aprobada la norma, la implementación tuviera un piso mínimo de funcionamiento en hospitales y centros de salud.

Ese andamiaje, sostiene, fue desmantelado. “Con su política de quitar derechos, Milei ha vaciado esa Dirección. El Estado nacional dejó de ejercer la rectoría sanitaria y, directamente, dejó de comprar insumos”, explicó. La consecuencia es concreta y mensurable: desde hace aproximadamente un año y medio no se adquieren los medicamentos necesarios para la realización de abortos seguros dentro del sistema público nacional.

Presupuesto y prioridades

El análisis del Presupuesto 2026 refuerza el diagnóstico. Según De la Vega, las partidas contemplan únicamente políticas vinculadas a la anticoncepción, dejando fuera el financiamiento específico para la IVE. “No es una omisión técnica: es una decisión política”, advierte. Sin compras centralizadas, la carga se traslada a las provincias y a los efectores locales, profundizando las desigualdades territoriales en el acceso al derecho.

En la práctica, esto significa que la posibilidad de interrumpir un embarazo de forma segura depende cada vez más del lugar de residencia, del stock disponible y del compromiso de los equipos de salud. Allí donde hay insumos y decisión política, la ley se cumple; donde no, el derecho se vuelve frágil o directamente inaccesible.

La resistencia que sostiene el derecho

Frente a este escenario, emergen con fuerza las redes de acompañamiento y las trabajadoras y trabajadores de la salud. “Hay una resistencia muy fuerte por un derecho que nos pertenece y no nos lo van a poder quitar”, subraya De la Vega. Esa resistencia se expresa en consultorios que siguen garantizando la práctica, en profesionales que sostienen protocolos y en socorristas que acompañan a quienes quedan fuera del sistema formal.

La situación actual expone una paradoja: la ley sigue siendo una herramienta fundamental, pero su vigencia real depende menos del Estado nacional que de la militancia sanitaria y feminista. Un derecho conquistado colectivamente que, cinco años después, vuelve a defenderse en el territorio.

Autonomías en disputa

Para el CELS, lo que está en juego excede largamente el acceso a una práctica médica. “En este proyecto de país que pretende instalar el Gobierno está en riesgo nuestra autonomía económica, sexual y reproductiva”, denunció De la Vega. La IVE, en ese sentido, funciona como un termómetro más amplio de las políticas de ajuste y del retroceso en materia de derechos.

A cinco años de la sanción de la ley, la pregunta ya no es solo cómo ampliar su implementación, sino cómo evitar que el vaciamiento presupuestario la convierta en una conquista meramente formal. Mientras tanto, la garantía del derecho sigue apoyándose, como en los años previos a la legalización, en quienes no están dispuestos a retroceder.