Más de 3.000 denuncias por violencia contra menores activaron medidas judiciales

La violencia doméstica contra niños, niñas y adolescentes continúa siendo una de las problemáticas más alarmantes del entramado social argentino. Durante 2024, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) informó que se registraron 3.182 denuncias en las que menores de edad fueron víctimas de violencia familiar, una cifra que vuelve a poner en evidencia la magnitud y persistencia del fenómeno.

Según el relevamiento oficial, las presentaciones involucraron a 3.484 personas denunciadas, lo que representa el 32% del total de agresores registrados por el organismo. En ese marco, la Justicia dispuso 4.474 medidas preventivas, orientadas a resguardar la integridad física y psíquica de las víctimas y a interrumpir situaciones de riesgo.

Los datos muestran que más de la mitad de los niños y adolescentes afectados eran mujeres (52%), con una edad promedio de 9 años, lo que da cuenta de la extrema vulnerabilidad de las víctimas. En ocho de cada diez casos, existía un vínculo directo con el presunto agresor: el 66% correspondía a los padres y el 34% a las madres, un dato que vuelve a ubicar a la violencia intrafamiliar como el principal foco de alerta.

En cuanto a las modalidades de violencia detectadas, el informe revela que el maltrato psicológico o emocional estuvo presente en el 95% de los casos, seguido por la violencia física (37%) y el abuso sexual (9%). La superposición de estas formas de violencia evidencia situaciones prolongadas y complejas, que en muchos casos se sostienen en el tiempo sin intervención temprana.

Los equipos profesionales de la OVD constataron lesiones en 140 menores, con predominio de heridas en el rostro, que representaron el 36% de los casos con daño físico. Además, más de la mitad de esos niños y adolescentes (55%) presentaba lastimaduras vinculadas a episodios de violencia anteriores, lo que refuerza la hipótesis de reiteración y cronicidad del maltrato.

Otro dato preocupante es la frecuencia de las agresiones: en el 59% de las denuncias, los episodios de violencia ocurrían de manera cotidiana o semanal. A su vez, la evaluación interdisciplinaria determinó que en el 36% de los casos existía un riesgo alto o altísimo, lo que requirió respuestas urgentes por parte del sistema judicial y de protección.

El informe también advierte sobre situaciones de especial vulnerabilidad. Entre los niños y adolescentes afectados, 244 presentaban algún tipo de discapacidad, mientras que se registraron cinco adolescentes de entre 16 y 17 años que cursaban embarazos al momento de realizar la denuncia. Además, cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años ya tenían hijos, lo que complejiza aún más los escenarios de violencia y cuidado.

En relación al circuito institucional, el 99% de las denuncias fue derivado a la Justicia Nacional en lo Civil, mientras que el 91% se canalizó hacia el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encargado de activar los dispositivos de protección y acompañamiento.

Las cifras difundidas por la OVD vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, detección temprana y asistencia integral frente a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Detrás de cada número hay historias marcadas por el miedo, el silencio y la vulneración de derechos fundamentales, que interpelan tanto al Estado como a la sociedad en su conjunto.