Un operativo reciente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) dejó al descubierto niveles extremos de trabajo rural no registrado en el cinturón frutihortícola del partido de La Plata, con un índice de informalidad que superó el 90% y la detección de casos de trabajo infantil. El relevamiento reavivó el debate sobre una problemática estructural que persiste en una de las zonas productivas más intensivas en mano de obra de la provincia de Buenos Aires.
Según informó el organismo, los controles se realizaron los días 3, 5, 10 y 12 de diciembre y estuvieron a cargo de un operativo conjunto entre el RENATRE, la Secretaría de Trabajo de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Policía Federal Argentina. El objetivo fue fiscalizar establecimientos productivos y verificar tanto la registración del empleo como las condiciones laborales en el sector.
Durante el procedimiento se inspeccionaron diez establecimientos agrícolas y se relevaron 261 trabajadores rurales. De ese total, 244 pudieron ser verificados y apenas nueve se encontraban debidamente registrados, lo que arrojó un nivel de informalidad del 91%. El dato cobra mayor dimensión si se lo contrasta con cifras de la Universidad Nacional de La Plata, que estiman que en la región funcionan más de 2.800 explotaciones agropecuarias que emplean a unas 6.200 personas.
Desde el RENATRE subrayaron que los resultados no constituyen un hecho aislado. Por el contrario, advirtieron que se trata de una situación estructural que impacta de manera directa en los derechos laborales y en las condiciones de vida de los trabajadores rurales y sus familias. “Estos operativos permiten no solo detectar irregularidades, sino también visibilizar una realidad que requiere respuestas integrales y sostenidas en el tiempo”, señalaron desde el organismo.
Uno de los aspectos más sensibles del operativo fue la detección de situaciones de trabajo infantil y adolescente. Frente a estos casos, el RENATRE informó que elevó la totalidad de las actuaciones a los canales correspondientes e impulsó las denuncias legales pertinentes. Las actas de relevamiento, los informes técnicos y el material fotográfico ya forman parte de expedientes administrativos y judiciales en trámite.
El organismo anticipó, además, que esta instancia constituye solo una primera etapa y que los controles continuarán en la región. La estrategia, explicaron, no se limita a la fiscalización, sino que también apunta a la concientización y a la promoción del cumplimiento de la normativa laboral vigente, en articulación con otros organismos del Estado.
En paralelo al operativo, el RENATRE presentó dos estudios que aportan datos actualizados sobre el mercado laboral rural en la Argentina. Las investigaciones, elaboradas a partir de estadísticas propias, buscan fortalecer la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Uno de los trabajos analiza la registración y fiscalización del empleo rural durante 2024, sobre la base de más de 470.000 trabajadores declarados en la seguridad social. El otro se enfoca en el sistema integral de prestaciones por desempleo, con información detallada sobre unas 22.000 personas beneficiarias, su distribución territorial y su perfil demográfico.
“Ponemos a disposición nuestra producción de estadísticas e investigaciones para colaborar con organismos públicos, el sector productivo y las universidades. Estos datos son una herramienta concreta para ampliar el alcance e impacto de nuestras acciones”, afirmó el presidente del RENATRE, José Voytenco.
La difusión de estos datos se dio en un contexto político atravesado por el debate sobre una eventual reforma del régimen laboral agrario. Días antes, Voytenco había dirigido una carta abierta al presidente Javier Milei, en medio de las discusiones impulsadas por sectores como la Sociedad Rural Argentina para modificar el Estatuto del Peón Rural, hoy denominado Ley de Trabajo Agrario. Con una metáfora directa, desde la UATRE sintetizaron su postura: “Lo viejo sirve, Javier”, en defensa de los principios centrales de la normativa vigente.