Trapitos, orden público e internas: el límite que Grabois empieza a tensar

Los episodios registrados entre lunes y martes en Quilmes y Lanús--en la previa de Navidad-- dejaron algo más que escenas de tensión callejera. Pusieron en evidencia un conflicto político de baja intensidad, pero persistente, entre sectores de la economía popular que orbitan alrededor de Juan Grabois y gobiernos municipales encabezados por intendentes de La Cámpora, una fuerza que hasta ahora había logrado evitar choques abiertos con esos espacios.

El lunes en Quilmes, la protesta de cuidacoches —con quema de cubiertas frente al Palacio Municipal— se dio en el marco del debate por el nuevo esquema de estacionamiento medido. La movilización buscó frenar una ordenanza que, finalmente, fue aprobada por el Concejo Deliberante. El dato no es menor: el conflicto no detuvo la decisión política de avanzar con el ordenamiento del tránsito y el uso del espacio público, aun cuando el costo fue un enfrentamiento con actores sociales que durante años encontraron tolerancia estatal para desarrollar una actividad informal.

El trasfondo del reclamo expuso una discusión incómoda para el progresismo urbano: ¿hasta dónde llega el “derecho al trabajo” cuando se trata de la apropiación de un bien público sin habilitación ni control? La reacción de los trapitos mostró que no se trataba de un ingreso marginal, sino de un circuito económico significativo, sostenido precisamente por la ausencia de regulación, pero también una escalada de violencia que tiene a los vecinos al medio.

Veinticuatro horas después, Lanús sumó un capítulo distinto pero conectado. Militantes del Movimiento Evita y de la UTEP se manifestaron frente al municipio gobernado por Julián Álvarez, también de La Cámpora. La protesta incluyó intentos de ingreso al edificio, quema de neumáticos y un tono explícitamente intimidatorio, con referencias directas a lo ocurrido en Quilmes el día anterior. Desde el municipio hablaron de una movilización con “intencionalidad política”, más que de un reclamo vecinal genuino.

En ambos casos, los intendentes involucrados —Mayra Mendoza y Álvarez— responden a una misma identidad política, pero chocaron con organizaciones sociales alineadas a Grabois y, en términos más amplios, al gobernador Axel Kicillof. El punto sensible no es solo la protesta en sí, sino el método: presión directa sobre gobiernos locales propios para condicionar políticas públicas vinculadas al orden urbano.

Aquí aparece el dato político que incomoda. La estrategia de confrontación permanente, eficaz para disputar agenda a gobiernos adversarios, pierde legitimidad cuando se dirige contra intendentes del mismo espacio. En ese movimiento, Grabois parece tensionar su rol: de referente de la economía popular a actor que interviene en la interna del peronismo bonaerense, aun a costa de erosionar gestiones que dicen representar un proyecto común.

Ni Quilmes ni Lanús inventaron el reclamo de los trabajadores de la economía popular. Para el caso de los trapitos, durante años, la tolerancia estatal consolidó una anomalía: vecinos pagando impuestos y, además, un “peaje” informal para estacionar. La diferencia ahora es que los municipios decidieron avanzar. La aprobación de la ordenanza en Quilmes marca un límite institucional;  en tanto, la protesta en Lanús, en cambio, mostró hasta dónde algunos sectores están dispuestos a llegar para sostener posiciones de poder territorial.

Y entre los telones, la figura de Grabois empieza a quedar más expuesta: ya no como un exagerado agitador, sino como un dirigente que ensaya disputas de poder aun cuando el adversario viste los mismos colores.