Caso $LIBRA: Ferraro reclamó reabrir la investigación en el Congreso

Con respaldo en una investigación periodística reciente, el legislador de la Coalición Cívica insistió en la necesidad de abrir una nueva etapa de investigación política en el Congreso para profundizar responsabilidades que, según advirtió, la Justicia aún no indaga.

Ferraro, quien presidió la Comisión Investigadora $LIBRA en la Cámara de Diputados, sostuvo que la confirmación de un contrato confidencial refuerza la hipótesis de que el escándalo no fue un episodio aislado ni una simple promoción imprudente, sino un entramado con implicancias institucionales. “Frente a la parálisis judicial, el Congreso debe retomar su función de contralor”, afirmó.

El planteo del diputado se apoya en la investigación publicada por el periodista Mariano Vidal en el diario Clarín, que reveló la existencia de un acuerdo firmado entre Davis y Milei dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA. Según esa reconstrucción, el empresario estadounidense fue designado como asesor ad honorem del Estado argentino mediante un contrato con cláusulas de confidencialidad absoluta, fechado un día antes de la reunión mantenida en Casa Rosada el 30 de enero de 2025.

Ferraro vinculó directamente esa revelación con las conclusiones a las que arribó la Comisión Investigadora. En un extenso pronunciamiento público, recordó que durante el trabajo parlamentario se constató un vínculo sostenido entre los organizadores de $LIBRA y el entorno presidencial, con más de una decena de encuentros oficiales y privados, tanto en Casa Rosada como en la Quinta de Olivos. Según detalló, en varias de esas reuniones participaron también los lobistas locales del proyecto, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y en algunas estuvo presente el propio Davis.

El diputado advirtió además sobre la existencia de transacciones de criptoactivos en momentos clave: durante el Tech Forum, tras la reunión del 30 de enero y en la semana previa al lanzamiento del token el 14 de febrero desde Dallas. Esas operaciones, analizadas por la Comisión e incorporadas al informe final, fueron calificadas por organismos técnicos como movimientos que “podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos”.

Pese a la información reunida y a la gravedad de las conclusiones, Ferraro cuestionó con dureza la inacción de la Justicia argentina. Remarcó que, a casi un año del estallido del caso, ni el Presidente ni su círculo más cercano fueron citados a declarar, y que tampoco se investigaron los cruces de comunicaciones ni la participación institucional del Estado en el proyecto.

En ese contexto, el legislador de la Coalición Cívica volvió a reclamar formalmente la apertura de una segunda etapa de investigación en el Congreso. A su entender, la confirmación del contrato confidencial vuelve a colocar al caso $LIBRA en el centro de la escena política y obliga al Poder Legislativo a profundizar el control sobre el Ejecutivo. “Es indispensable establecer responsabilidades y garantizar que la verdad se conozca, aunque incomode al poder”, concluyó.

La Comisión Investigadora cerró su primera etapa con un informe que dejó múltiples interrogantes abiertos. Para Ferraro, lejos de estar saldado, el escándalo de $LIBRA sigue siendo una de las cuentas pendientes más sensibles de la gestión Milei y un test clave sobre el rol del Congreso frente a la falta de respuestas judiciales.