El Consejo Local de Niñez lanzó un duro diagnóstico sobre la situación de las políticas municipales destinadas a niñas, niños y adolescentes en el partido de General Pueyrredón, y reclamó al intendente Agustín Neme que fortalezca de manera urgente los dispositivos existentes. En un documento difundido hacia el cierre del año, el organismo sostuvo que “las niñeces y adolescencias están en peligro” y exigió que el Ejecutivo “no siga abonando el deterioro” del área.
El informe describe un escenario crítico: una única psiquiatra infanto-juvenil para abordar la creciente demanda en salud mental, apenas un vehículo para el funcionamiento de la Línea 102 de “Niñez en Riesgo” —que además no cuenta con choferes durante las 24 horas—, equipos incompletos en los Centros de Protección de Derechos de la Niñez y graves falencias en las Casas de Abrigo y Hogares Convivenciales municipales.
Según el Consejo, la política de niñez arrastra déficits estructurales desde la gestión anterior del exintendente Guillermo Montenegro, período que estuvo atravesado por cuestionamientos de distintos sectores, incluso del Poder Judicial, que llegó a impulsar una causa penal para investigar presuntos incumplimientos de deberes de funcionario. En ese marco, señalaron que parte de los problemas actuales se vinculan con la falta de recursos suficientes y con una subejecución de partidas en áreas sensibles.
La Dirección de Niñez depende de la Secretaría de Desarrollo Social, que durante la gestión pasada estuvo a cargo de Vilma Baragiola y que, tras la asunción de Neme, quedó bajo la conducción de Guillermo Schutrumpf. Al respecto, el Consejo reclamó un cambio de enfoque y la decisión política de considerar estratégica la atención integral de las infancias.
En su diagnóstico, el organismo habló directamente de una “destrucción del Estado desde adentro” y puso como ejemplo la situación de la salud mental infantil en Mar del Plata, Batán y la zona de Sierras, donde —pese a la gravedad de las problemáticas— el municipio cuenta con un solo profesional especializado. A esto se suma el funcionamiento limitado de los once Centros de Protección de Derechos, algunos de los cuales no tienen presencia efectiva en los barrios que deberían cubrir, carecen de herramientas básicas y no disponen de personal suplente ante licencias o jubilaciones.
La situación se agrava en los espacios de cuidado. Desde el Consejo advirtieron que, frente a una demanda creciente de vacantes, las Casas de Abrigo presentan “dificultades severas” para sostener su funcionamiento por falta de personal, ausencia de reemplazos y problemas edilicios. Incluso señalaron falencias en el servicio alimentario, denunciando que no se ofrece carne vacuna desde hace años y que se recurre a alimentos ultraprocesados como medallones de pollo o pescado apanado.
También hubo cuestionamientos al sistema de Atención Primaria de la Salud. El documento alerta sobre la reducción de horas de pediatría y medicina general en los CAPS, largas listas de espera en salud mental y la falta de programas específicos para acompañar a niñeces con discapacidad.
En este contexto, el Consejo Local advirtió que niñas, niños y adolescentes “conviven con las violencias” y cuestionó la instalación de discursos de odio y políticas públicas que, según sostienen, estigmatizan y excluyen. “La falta de políticas que acompañen la trayectoria vital de los pibes y pibas empuja a que resuelvan el acceso a bienes por fuera del marco legal, exponiéndose a situaciones de explotación y consumo problemático”, analizaron. Para el organismo, la situación se volvió “particularmente preocupante” en General Pueyrredón y requiere respuestas urgentes del Estado municipal.