Ingresó al Senado de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que propone reforzar los controles sobre los choferes de micros de larga distancia que circulan por el territorio bonaerense. La iniciativa fue presentada por el senador platense Marcelo Leguizamón, del PRO, y apunta a establecer la obligatoriedad de test de alcoholemia y detección de sustancias psicoactivas.
La propuesta contempla que los controles se realicen de manera obligatoria antes del inicio de cada viaje y también de forma sorpresiva y aleatoria durante la jornada de conducción. La normativa alcanza a todos los conductores de vehículos de transporte automotor de pasajeros de larga distancia que operen dentro de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención y garantizar mayores estándares de seguridad vial.
El proyecto designa al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires como autoridad de aplicación. Entre sus facultades, se incluye la posibilidad de realizar inspecciones y auditorías en empresas y terminales, controlar el cumplimiento de un registro preventivo de conductores, llevar adelante controles in situ y dictar la reglamentación necesaria para la implementación de la ley, incluyendo la homologación de dispositivos y procedimientos.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa está puesto en la responsabilidad de las empresas prestatarias del servicio. En caso de incumplimiento, el texto prevé un esquema de sanciones que va desde multas de elevado monto económico —con carácter progresivo y acumulativo— hasta la suspensión o revocación de las licencias para operar en el ámbito bonaerense.
En los fundamentos del proyecto, Leguizamón subraya que la iniciativa busca garantizar de manera concreta el derecho a la seguridad y a la vida, tanto de quienes utilizan el transporte público de larga distancia como de quienes transitan por las rutas de la provincia. En ese marco, advierte que este tipo de transporte implica un riesgo significativo debido a las velocidades desarrolladas, las extensas distancias recorridas y la cantidad de personas transportadas, lo que exige condiciones psicofísicas óptimas por parte de los conductores.
El texto remarca además que cualquier alteración en la lucidez o los reflejos, producto del consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, puede convertir a un vehículo de gran porte en un factor de riesgo con consecuencias potencialmente graves. Por ese motivo, el proyecto aclara que la obligatoriedad de los controles no debe interpretarse como una medida punitiva, sino como una política de salud pública orientada a la prevención y al cuidado de la vida.