El Frente Renovador sale a disputar la reforma laboral con datos: pedidos, salarios y cuidado

En medio del avance del debate por una reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la senadora bonaerense del Frente Renovador, Malena Galmarini, salió a fijar una posición clara: el problema no es modernizar el mundo del trabajo, sino qué modelo de modernización se elige y a costa de quiénes. A través de una serie de publicaciones en la red social X, Galmarini presentó los ejes de una propuesta alternativa basada en evidencia empírica, desarrollada por la Fundación Encuentro, que pone el foco en los trabajadores de plataformas digitales, las desigualdades de género y la pérdida de ingresos reales.

Proponemos una simplificación tributaria real: no se puede tratar igual a un pequeño comercio o micro PyME que a una gran empresa. El incentivo debe estar en producir e innovar, no en la especulación.

— Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) December 19, 2025

“Para los trabajadores de plataformas proponemos transparencia e ingresos dinámicos. El algoritmo debe reconocer derechos y protección”, escribió la dirigente, al difundir el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP), un nuevo indicador que busca traducir la realidad del trabajo en aplicaciones de reparto en términos comprensibles y comparables.

La iniciativa se inscribe en una discusión más amplia dentro del Frente Renovador sobre cómo pensar una reforma laboral en el siglo XXI sin legalizar la precarización. “No buscamos solo describir lo que pasa; trabajamos para cambiarlo”, subrayó Galmarini, en un mensaje que condensa la apuesta política de su espacio.

El APP: medir el trabajo en plataformas para discutir derechos

Uno de los pilares técnicos de la propuesta es el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP), elaborado por Fundación Encuentro. El indicador relaciona cuánto cobra un repartidor por un pedido promedio —sin contar propinas— con el costo de vida medido a través de distintas canastas oficiales, como la Canasta Básica Total o la Canasta de Crianza.

Los resultados son contundentes. Según el informe correspondiente a septiembre de 2025, un repartidor necesitó 461 pedidos promedio para sostener un hogar tipo de cuatro integrantes, mientras que el valor medio por pedido fue de $2.553,6, calculado a partir del promedio entre Rappi y PedidosYa. Para alcanzar un ingreso promedio individual del país, debió completar 344 pedidos, y para cubrir un alquiler promedio en la Ciudad de Buenos Aires, 271 pedidos. Criar un hijo implicó 190 pedidos, y pagar el monotributo, 15 pedidos .

El APP no pretende funcionar como un salario ni agotar la complejidad del trabajo en plataformas. Su objetivo es otro: poner un parámetro objetivo allí donde hoy reina la opacidad. En un sector donde los ingresos dependen de decisiones algorítmicas, distancias, horarios, clima y demanda, el indicador permite visualizar el esfuerzo real que implica “pedalear para vivir”.

Desde la Fundación Encuentro explican que la elección del pedido como unidad de medida no es casual. En el trabajo de reparto, las horas formales no organizan la jornada; lo hacen los viajes, los tiempos de espera y los incentivos. Medir en pedidos traduce mejor la lógica concreta del trabajo digital y expone una realidad que suele quedar invisibilizada en las estadísticas tradicionales.

Una economía que crece sin derechos

El crecimiento del trabajo en plataformas no es marginal. Desde su desembarco en 2018, el sector se expandió de manera sostenida, acelerado por la pandemia y la pérdida de empleo formal. De acuerdo con estimaciones citadas por Fundación Encuentro, la cantidad de repartidores activos pasó de poco más de 23.000 en 2020 a más de 67.000 en 2023, con proyecciones que superan las 100.000 personas vinculadas de manera estable a plataformas en 2024.

Este crecimiento mitigó parcialmente la desocupación, pero generó nuevos problemas estructurales: ingresos inestables, ausencia de licencias, falta de cobertura ante accidentes, costos de trabajo absorbidos por el propio trabajador y una dependencia creciente de algoritmos no transparentes. Para Galmarini, regular este sector no significa frenar la innovación, sino evitar que la tecnología se convierta en una herramienta de explotación legalizada.

Gobernar contra las mujeres: el impacto diferencial del ajuste

La propuesta del Frente Renovador se apoya también en otro informe central de la Fundación Encuentro: “Gobernar contra las mujeres”, que analiza el impacto del ajuste económico desde diciembre de 2023 sobre el empleo, los ingresos y la previsión social con perspectiva de género.

Los datos muestran un retroceso abrupto. En el primer trimestre de 2025, la desocupación femenina alcanzó el 9%, el nivel más alto desde la pandemia, mientras que entre las mujeres jóvenes llegó al 19,2%, es decir, casi una de cada cinco sin trabajo. Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, la desocupación juvenil femenina subió 6 puntos en un solo trimestre .

La desigualdad también se profundizó en los ingresos. Las mujeres ganan en promedio 29,1% menos que los varones, la brecha más alta desde 2021. Entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, sus ingresos cayeron 19%, golpeando con especial dureza a sectores feminizados como comercio, trabajo doméstico, enseñanza y salud, todos afectados por la recesión y el recorte del gasto público.

En materia previsional, el panorama es aún más crítico: solo 1 de cada 12 mujeres en edad de jubilarse reúne los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva, un problema agravado por el veto a la moratoria previsional.

Para Galmarini, estos números no son un efecto colateral sino el resultado directo de un modelo. “La reforma laboral de Milei ya está en marcha y ya fracasó”, sostuvo, al enumerar sus consecuencias: casi 20.000 PyMEs menos, desocupación en alza, pluriempleo récord y una creciente angustia social.

Qué propone el Frente Renovador

Frente a ese diagnóstico, la propuesta que impulsa Galmarini se estructura en varios ejes. En primer lugar, el reconocimiento legal flexible del vínculo laboral en plataformas, con esquemas híbridos que contemplen la intensidad del trabajo y eviten la falsa autonomía. En segundo lugar, una regulación de la gestión algorítmica, que obligue a las empresas a explicar criterios de asignación de tareas, bloqueos y sanciones, con auditorías externas y derecho a apelación humana.

Otro punto central es la creación de ingresos mínimos dinámicos, actualizados por índices públicos que contemplen inflación, tiempo de espera, distancia y condiciones de trabajo. A esto se suma la portabilidad de la reputación digital, para que las calificaciones construidas por los trabajadores no queden cautivas de una sola plataforma, y la constitución de un fondo contributivo de protección social financiado por las empresas, destinado a cubrir salud, accidentes y períodos de inactividad.

La agenda incluye también infraestructura urbana básica —baños, puntos de descanso, estaciones de carga— y compatibilidad plena con políticas sociales, bajo la premisa de que trabajar en plataformas no debe implicar perder derechos.

El planteo del Frente Renovador se diferencia de la reforma que impulsa el Gobierno nacional no solo por su contenido, sino por su enfoque. Mientras la iniciativa oficial apunta a flexibilizar condiciones históricas —vacaciones, salarios, horas extras y aportes—, la propuesta de Galmarini parte de una pregunta inversa: cómo garantizar derechos en un mundo del trabajo que ya cambió.

“Legalizar la explotación no es modernizar”, advierte la senadora. En ese sentido, los informes de Fundación Encuentro funcionan como insumo técnico pero también como posicionamiento político: lo que no se mide, no existe, y lo que no se regula, termina profundizando desigualdades.

En un contexto de recesión, ajuste fiscal y deterioro del empleo, la discusión sobre la reforma laboral vuelve a poner en el centro una disyuntiva de fondo. Para el Frente Renovador, el futuro del trabajo no puede construirse sobre la precariedad ni sobre la invisibilización de quienes producen y cuidan. La pregunta que queda abierta es si el Congreso estará dispuesto a debatir ese futuro con datos sobre la mesa o si, como advierten desde la oposición, avanzará “a libro cerrado” sobre un modelo que ya muestra sus límites.