La jugada por la AGN expuso la fragilidad del armado oficialista

A menos de 24 horas de haber facilitado la media sanción del Presupuesto 2026, el PRO pasó de socio clave a actor desplazado en una de las decisiones institucionales más sensibles del Congreso. La designación de autoridades de la Auditoría General deítia de la Nación (AGN), acordada en la madrugada entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y los gobernadores Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, abrió una nueva grieta dentro del armado parlamentario que sostiene al gobierno de Javier Milei y dejó al descubierto un cambio abrupto en las reglas de juego.

El episodio no fue menor ni meramente procedimental. Ocurrió cerca de las tres de la mañana, en el debut de las sesiones extraordinarias, y fuera del temario convocado por el Poder Ejecutivo. Para el PRO, ese dato no es accesorio: es el eje de su impugnación política y jurídica. En un duro comunicado difundido en redes sociales bajo el título “Sin Constitución no hay cambio”, el bloque denunció una “grave violación a la Constitución Nacional” y adelantó que recurrirá a la Justicia para impugnar las designaciones, que considera nulas por incompetencia constitucional.

La lectura del partido amarillo es doble. Por un lado, jurídica e institucional: recuerdan que el artículo 63 de la Constitución es claro al limitar el alcance de las sesiones extraordinarias a los temas incluidos expresamente en la convocatoria del Ejecutivo, y que la integración de la AGN no formaba parte de ese temario. Además, subrayan que la Auditoría no es un órgano administrativo interno del Congreso, sino un organismo constitucional de control, cuya legitimidad depende precisamente del respeto estricto de las reglas.

Por otro lado, la lectura es política y mucho más áspera. En el PRO no cayó nada bien haber quedado afuera de un acuerdo sellado entre libertarios, kirchnerismo y gobernadores aliados, especialmente después de haber acompañado al Gobierno en votaciones clave y en momentos de alta fragilidad parlamentaria. La frase que se repite puertas adentro es elocuente: “A partir de esto, la relación es absolutamente distinta”. El malestar se tradujo en acusaciones directas de “falta de códigos”, con Cristian Ritondo apuntando sin rodeos contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Los nombres votados —Rita Almada por LLA, Juan Forlón por Unión por la Patria y Pamela Calletti por Innovación Federal— terminaron de cristalizar la ruptura. Para el PRO, el acuerdo expuso un “pacto” entre oficialismo y kirchnerismo, con el aval explícito de gobernadores que, horas antes, habían sido socios decisivos para destrabar el Presupuesto. En ese tablero, el macrismo quedó relegado, sin silla en la AGN y sin capacidad de incidir en un organismo clave para el control del Estado.

El comunicado del PRO deja entrever algo más profundo que una simple queja coyuntural. Hay un reproche político al oficialismo libertario, al que el partido amarillo venía acompañando incluso “en sus momentos más difíciles”, según remarcan. La sorpresa no es tanto por la actitud del kirchnerismo —a quien adjudican una conducta previsible— sino por la del propio Gobierno. La advertencia es clara: el cambio que Milei promete no puede construirse, según el PRO, al margen de la Constitución ni a fuerza de mayorías circunstanciales.

Las consecuencias prácticas ya empezaron a sentirse. Desde la bancada amarilla anticipan que no garantizarán quórum ni acompañamiento automático en futuras sesiones y que revisarán caso por caso su apoyo al Ejecutivo. Es un mensaje directo al corazón de la gobernabilidad legislativa, en un Congreso fragmentado donde cada voto cuenta. El Presupuesto 2026 fue aprobado en un clima accidentado y dejó heridas abiertas; la jugada por la AGN las profundizó.