Kicillof vetó parte del presupuesto de Diputados y abrió un conflicto constitucional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dispuso el veto parcial al presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense y abrió un conflicto institucional de alcance constitucional. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 2947/2025, publicado en el Boletín Oficial, y recayó sobre artículos que introducían cambios en el mecanismo de transferencia de fondos al Poder Legislativo.

El Ejecutivo promulgó la Ley 15.560, sancionada por la Legislatura el pasado 26 de noviembre, pero observó los artículos 14, 15, 16 y 17 del texto aprobado por la Cámara baja. Esos puntos modificaban disposiciones de la Ley 10.426 de Procedimientos Contables de Diputados y establecían un esquema de transferencias automáticas, diarias y proporcionales a los ingresos provinciales, además de prever la intervención del Tribunal de Cuentas ante eventuales incumplimientos.

La medida generó un fuerte debate jurídico, ya que el artículo 94 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece que el presupuesto del Poder Legislativo “no podrá ser vetado por el Poder Ejecutivo”, con el objetivo de garantizar la autonomía funcional y financiera del Parlamento.

Los argumentos del Ejecutivo

En los considerandos del decreto, el gobierno provincial sostuvo que las modificaciones aprobadas por Diputados no se limitaban a una cuestión estrictamente presupuestaria, sino que avanzaban sobre el subsistema de Tesorería de la Provincia, una competencia propia del Ministerio de Economía y de la Tesorería General.

Según la fundamentación oficial, la automatización diaria de las transferencias podría desarticular el sistema de cuenta única del Tesoro y generar un trato diferencial para la Cámara de Diputados en relación con otros poderes del Estado, incluso el Senado bonaerense, cuyo presupuesto fue aprobado sin observaciones.

El Ejecutivo también contextualizó la decisión en el marco de la situación económica y financiera de la Provincia, marcada —según señaló— por la caída de los ingresos, la recesión y la reducción de transferencias nacionales. En ese escenario, Kicillof remarcó la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y la administración centralizada de los recursos públicos.

El trasfondo del conflicto

Hasta el momento, los fondos para el funcionamiento de la Cámara de Diputados se transfieren mediante partidas dispuestas por el Ministerio de Economía, de acuerdo con la disponibilidad del Tesoro provincial. La nueva redacción aprobada por el cuerpo legislativo buscaba garantizar previsibilidad financiera a través de giros automáticos desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, calculados sobre los ingresos de libre disponibilidad.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto era la incorporación de un mecanismo de control que habilitaba la intervención del Tribunal de Cuentas ante la falta de cumplimiento en tiempo y forma de las transferencias, aspecto que también fue observado por el Poder Ejecutivo.

El presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense asciende a $222.800 millones, mientras que el del Senado es de $156.204 millones. Ambos montos surgen del esquema legal que asigna al Poder Legislativo el 0,9% del presupuesto total de la Provincia, a distribuirse entre las dos cámaras de manera proporcional.

Debate político e interna oficialista

Más allá de la discusión jurídica, la decisión del gobernador reavivó tensiones políticas dentro de la Legislatura. En los pasillos del Parlamento se vinculó el veto parcial con la interna del peronismo bonaerense, en un contexto en el que distintos sectores del oficialismo se disputan el control político de la Cámara baja.

La polémica se produjo, además, en un cierre de año legislativo atravesado por debates sensibles y un reordenamiento de las autoridades del cuerpo, lo que amplificó el impacto político de la decisión del Ejecutivo.

Frente al veto parcial, la Cámara de Diputados evalúa distintos caminos. Uno de ellos es insistir con la sanción original del presupuesto, para lo cual necesitaría reunir una mayoría de dos tercios de los votos. La otra alternativa es recurrir a la Justicia, lo que abriría un conflicto de mayor alcance con la intervención de la Suprema Corte bonaerense.

Mientras tanto, la controversia mantiene abierto un nuevo frente de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, con un debate de fondo sobre los límites constitucionales del veto y la autonomía financiera del Parlamento provincial.