El Gobierno busca modificar la Ley de Glaciares para impulsar la minería y la energía

El Gobierno argentino envió al Congreso un proyecto de ley que modifica la Ley Nacional de Glaciares N°26.639, argumentando que busca "proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano" y fortalecer "el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental". La Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) destacó que se trata de "una verdadera reforma de federalismo ambiental" que responde al reclamo de las provincias integrantes de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre.

El proyecto de ley ha sido impulsado por los gobernadores de Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan, quienes se reunieron con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para lograr los consensos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria. La gestión de Javier Milei criticó la versión actual de la ley, sancionada en 2010, por "graves falencias interpretativas" que generaron "inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales".

El nuevo proyecto de ley "protege los glaciares", "fortalece los estándares ambientales vigentes" y "elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país". La propuesta ha generado debate sobre el equilibrio entre la conservación del medio ambiente y el crecimiento económico.

La modificación de la Ley de Glaciares podría afectar la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, áreas críticas para el almacenamiento de agua y la regulación climática. Organizaciones ambientalistas y científicos han expresado su preocupación por la posible afectación a la biodiversidad y al suministro de agua para millones de personas.

El Gobierno argumenta que la modificación de la ley brindará "seguridad jurídica" a las inversiones y permitirá el desarrollo económico en áreas protegidas. Sin embargo, críticos de la propuesta argumentan que la misma podría beneficiar a las empresas mineras y petroleras a expensas del medio ambiente.

La propuesta será tratada durante las sesiones extraordinarias del Congreso, y su aprobación dependerá de los consensos que se logren entre el Gobierno y los legisladores de diferentes partidos políticos.