La Justicia anuló el decreto que frenó la emergencia en discapacidad y ordenó su aplicación inmediata

La Justicia Federal declaró inválido el decreto del Poder Ejecutivo que había suspendido la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó su inmediata aplicación en todo el territorio nacional. La decisión hizo lugar a un amparo colectivo y dejó sin efecto el artículo 2 del decreto 681/2025, que había condicionado la vigencia de la norma a que el Congreso precisara el origen de los fondos necesarios para su implementación.

En el fallo, el tribunal sostuvo que el derecho a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad debe prevalecer frente a las restricciones presupuestarias. En ese sentido, recordó que el Estado argentino está obligado a cumplir con los estándares constitucionales y los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos, en particular el principio de no regresividad consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El texto judicial subraya que el 10 de julio de 2025 el Congreso sancionó la Ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de este colectivo. Según la sentencia, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo implicó un retroceso inadmisible en un contexto de crisis profunda del sistema de prestaciones.

En ese punto, el fallo advierte que el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral atraviesa una crisis sistémica marcada por el desfinanciamiento progresivo, el cierre masivo de instituciones, la interrupción de tratamientos y un deterioro crítico en la calidad de los servicios. La paralización de la ley, remarca, impidió la puesta en marcha de medidas clave para asegurar la continuidad de las prestaciones, fijar estándares mínimos de calidad y accesibilidad, implementar mecanismos de monitoreo y garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en las decisiones que las afectan.

Mientras tanto, el conflicto sigue teniendo expresión en las calles. El Hospital Garrahan y el Foro Permanente por la Discapacidad convocaron a un abrazo simbólico este miércoles a las 18.30 en Plaza de Mayo. La movilización coincide con la asunción de los nuevos diputados y senadores y busca exigir la aplicación urgente tanto de la Ley de Emergencia en Discapacidad como de la Ley de Emergencia Pediátrica.

En un comunicado conjunto, las organizaciones denunciaron que ambas emergencias quedaron fuera del Presupuesto 2026, lo que anticipa, según advirtieron, “otro año sin respuestas reales” mientras la crisis del sector se profundiza. Bajo la consigna “por un 2026 sin emergencias”, reclamaron una solución estructural que garantice financiamiento sostenido y políticas públicas estables.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, fuentes consultadas reconocieron la validez del reclamo y admitieron que el proyecto de Presupuesto no contempla las partidas específicas para ambas emergencias.