La UNLP alerta por el colapso de los comedores: “Cada vez viene más gente y tenemos menos recursos”

El nuevo informe del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata expone, con cifras y testimonios, el deterioro acelerado de la red comunitaria que sostiene la alimentación en los barrios populares. La presidenta del organismo, Inés Iglesias, sintetiza el escenario con una frase que atraviesa todo el trabajo: “un aumento generalizado de la precariedad y un deterioro de la capacidad de respuesta comunitaria”. La comparación interanual entre 2024 y 2025 desmiente la narrativa oficial y vuelve a colocar a los comedores en el centro del drama social del Conurbano.

Iglesias, farmacéutica y especialista en Diseño de Educación Superior, coordinó el relevamiento territorial y la redacción del informe. Su conclusión es tajante: la supuesta reducción de la pobreza difundida por Nación y por el Indec no se condice con lo que ocurre en los merenderos. “Cada vez viene más gente y cada vez tenemos menos recursos para alimentarlos”, describe Lorena, militante de la UTEP en Los Hornos.

Menos manos en los comedores

El deterioro no se expresa solo en la falta de comida. También faltan personas para sostener el funcionamiento cotidiano. Con el congelamiento del programa ahora llamado Volver al Trabajo —estancado en 70 mil pesos desde la asunción de Javier Milei— muchas trabajadoras comunitarias se ven obligadas a buscar changas para alimentar sus propias familias. Eso deja a los comedores con menos manos y más demanda, una ecuación que empuja al límite a las organizaciones hasta forzar cierres.

“Por suerte el programa Mesa Bonaerense y el SAE hacen una tarea enorme”, remarca Iglesias, y subraya que ambos dependen del gobierno provincial, no del nacional. Pero advierte sobre una política deliberada de Nación: “lo que observamos es una decisión de destruir la capacidad de respuesta comunitaria en los barrios populares”. Ese vacío, señala, está siendo ocupado por otro actor: “el gran ganador de estas políticas son los narcos”.

En la presentación del informe, las trabajadoras sociocomunitarias reclamaron reconocimiento económico por una tarea que sostienen muchas veces poniendo de su propio bolsillo. “Muchas veces, ponemos nosotras de lo poco que tenemos”, dijeron.

Menos garrafas, más leña y más riesgos

El acceso a la energía se convirtió en un problema crítico. En los barrios sin gas de red, los comedores dependen del gas envasado. Hace un año podían comprar tres garrafas mensuales; hoy, solo una. La diferencia se reemplaza con leña o directamente abriendo menos días.

Pero la leña también escasea. Las zonas periurbanas no son bosques y la demanda estacional multiplicó su valor. “Antes salías a buscar y en un ratito ya tenías. Ahora son horas y horas”, explica Lorena. A eso se suma el impacto sanitario: cocinar con leña en verano, con temperaturas superiores a 30°, es un riesgo. Por eso algunos comedores dejan de dar almuerzo y se concentran en la cena.

El informe sugiere una lectura incómoda para la Ciudad de Buenos Aires y sus acusaciones sobre “comedores fantasma”. Muchos de los espacios que el gobierno porteño dice no encontrar funcionan únicamente de noche, cuando el calor afloja.

Menos comida en la mesa

Si bien la AUH y la tarjeta Alimentar aumentaron por encima de la inflación, su poder real se desplomó. “El dinero dura cada vez menos”, señala Iglesias. Y agrega un dato alarmante: hay trabajadores formales en inseguridad alimentaria. Familias que compran solo comida y pagan algún servicio, pero ya no pueden afrontar transporte o calzado para sus hijos.

El recorte también deja sin protección a los adultos responsables del cuidado. “La AUH está enfocada en chicos de hasta cierta edad, pero las familias son heterogéneas. Los adultos también necesitan alimentarse para sostener escolaridad, salud y trabajo. El Estado no está mirando eso”, subraya.

Menos confianza en las estadísticas oficiales

El informe cuestiona directamente los números del Indec. Iglesias advierte que si el organismo modificó indicadores para maquillar crecimiento y utiliza canastas desactualizadas para el IPC, tampoco puede considerarse confiable la medición de pobreza. La Encuesta Permanente de Hogares, explica, evalúa consumos típicos de clase media. Si se midiera solo comida —la variable casi excluyente de los sectores populares— las cifras serían mucho más graves.

El Consejo Social de la UNLP está conformado por representantes del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, la UTN, la Cámara de Diputados bonaerense, la Dirección de Agricultura Familiar, la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, la Defensoría del Pueblo, municipios de la región y concejales de La Plata. También participan la CTA, la CTEP, movimientos sociales de amplia presencia territorial —desde la Agrupación Evita hasta Barrios de Pie, el MTE, la CCC, Pueblo Unido, el Frente Grande, La Cámpora y otros— junto a instituciones cooperativas, culturales, deportivas, sindicatos y unidades académicas de la UNLP.

El informe presentado por este plenario diverso y multisectorial no deja lugar a dudas: los comedores son hoy el termómetro más transparente de la crisis. Y lo que muestran es una sociedad atrapada entre la caída de ingresos, el retroceso del Estado nacional y el agotamiento de las redes comunitarias que, pese a todo, siguen sosteniendo la vida en los barrios del Conurbano.