El Ministerio de Economía oficializó la prórroga y ampliación del estado de emergencia y/o desastre agropecuario en distintas zonas productivas de la provincia de Buenos Aires que sufrieron el impacto de las inundaciones durante el segundo semestre de 2025. La medida, que responde a un pedido de la administración bonaerense, permitirá que productores de la Cuarta y otros distritos accedan a beneficios fiscales y crediticios hasta febrero de 2026.
La decisión, tomada en base a la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, abarca explotaciones rurales de 25 de Mayo, Saladillo, Bragado, Lincoln, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar. El período de vigencia será del 1 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, fecha fijada como cierre del ciclo productivo para las zonas afectadas según el decreto reglamentario 1712/2009.
Zonas beneficiadas y alcances de la prórroga
La normativa incluye dos movimientos clave:
La prórroga del estado de emergencia y/o desastre agropecuario ya declarado por el decreto provincial 1180/2025 para sectores de 25 de Mayo (circunscripciones II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII) y Saladillo (circunscripciones III a IX).
La declaración de nuevas áreas bajo emergencia: Bragado (V, VI y VII), 25 de Mayo (IV, V y VI), Lincoln (II a XV), Saladillo (I y II), General Belgrano (I a VII), Azul (X a XXI), Pila (II a VII) y Bolívar (VI).
El mapa resultante incorpora vastas superficies de la Cuarta Sección que registraron anegamientos persistentes, pérdida de pasturas y afectación directa a los ciclos agrícolas y ganaderos.
Beneficios y requisitos para los productores
La prórroga permite a los productores acceder a los beneficios previstos por la ley 26.509, que regula el régimen nacional de emergencia y desastre agropecuario. Entre ellos, se destacan prórrogas y exenciones impositivas, suspensión de juicios de ejecución fiscal y facilidades crediticias.
Para ser incorporados al régimen, los productores deberán gestionar un certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial, que acredite que sus establecimientos se encuentran dentro de las zonas afectadas. A su vez, el Gobierno bonaerense deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional el listado completo de los beneficiarios acompañando la documentación correspondiente.
Con lluvias que superaron ampliamente los promedios históricos y dejaron caminos rurales intransitables, campos anegados y pérdidas productivas, la medida busca dar previsibilidad a miles de explotaciones agropecuarias que aún lidian con las consecuencias de las inundaciones.
La extensión del plazo hasta febrero de 2026 otorga margen para la recuperación del suelo y la planificación de la próxima campaña, en un contexto en el que la estabilidad climática sigue siendo incierta y los costos de producción continúan en alza.