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Derechos bajo presión: Amnistía alerta por retrocesos en la Argentina de Milei
En un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía publicó su informe anual y señaló un deterioro de derechos, recortes selectivos, aumento de la represión y un clima de hostigamiento contra la protesta, la prensa y las voces críticas.
Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre Argentina con un diagnóstico contundente acerca de la situación de derechos durante el segundo año de gobierno de Javier Milei. La organización afirma que el Estado consolidó un modelo en el que la coerción social se impone sobre la garantía de derechos, profundizando desigualdades estructurales y debilitando la función protectora del Estado.
La llamada “motosierra” se tradujo, según el informe, en una política de recortes aplicada sin evaluaciones de impacto, sin participación democrática y con consecuencias directas sobre la vida y la integridad de millones de personas.
Un Estado que reduce lo social y expande lo represivo
Entre 2023 y 2025, el gasto público cayó más del 41% en términos reales, alcanzando su nivel más bajo en dos décadas. El ajuste no fue uniforme: las áreas vinculadas a derechos sociales como salud, educación, alimentación, vivienda, agua, ambiente y seguridad social registraron recortes profundos, mientras que los presupuestos destinados a seguridad, inteligencia y funciones coercitivas tuvieron aumentos o menores reducciones.
Amnistía sostiene que esta reorientación del gasto configura un Estado que expande su capacidad represiva y reduce la protección social precisamente para los sectores más vulnerables. “Mientras se recortan las políticas esenciales para combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia de género, se fortalecen los presupuestos destinados a controlar, vigilar y reprimir”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Una institucionalidad debilitada y un clima de mayor hostilidad
La crisis institucional agrava este escenario: Argentina continúa sin Defensor del Pueblo nacional desde 2009 y otros organismos clave mantienen acefalías. Paralelamente aumenta la estigmatización a periodistas, la criminalización de la protesta y el hostigamiento a voces críticas, conformando un clima en el que, según Amnistía, “la verdadera libertad se reduce”.
El informe analiza la situación de los principales derechos en el país: pobreza y derechos sociales, políticas sobre personas mayores, restricciones a la libertad de expresión, represión de la protesta, cibervigilancia, déficits de transparencia estatal, violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral, diversidad, crisis climática, situación de migrantes y refugiados y política exterior.
Un retroceso estructural bajo una nueva lógica estatal
Tras dos años de gobierno, Amnistía concluye que el deterioro de derechos no es un efecto colateral sino una expresión de una redefinición política del rol del Estado que resigna responsabilidades esenciales frente a la sociedad. Según la organización, el discurso oficial presenta los derechos humanos como “gasto prescindible” y construye a quienes los defienden como “enemigos ideológicos”.
En un contexto de caída del gasto social, aumento de la pobreza y recrudecimiento de la represión estatal, el informe advierte sobre los riesgos democráticos de un modelo que privilegia el equilibrio fiscal y la expansión del aparato de control por sobre la protección de derechos fundamentales. El resultado, advierte Amnistía, será “un país más desigual, más injusto y más hostil para quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad”.
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