Pila
Provincia
POLÉMICA
Incendios, lobby inmobiliario y disputa política: el debate que reabre la ley derogada
Mientras Nación habla de ‘productividad’, sectores ambientales y la Provincia alertan por la flexibilización de los controles frente a incendios intencionales. Por X, la ministra de ambiente bonaerense salió al cruce de esta decisión.
Por decisión del Gobierno nacional, la normativa que desde 2020 establecía límites estrictos al uso de tierras incendiadas quedará sin efecto. La medida —anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni— reabre un debate que no es nuevo: ¿se trata de liberar la “producción” o de habilitar un marco más laxo para el negocio inmobiliario sobre territorios quemados?
La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, reaccionó de inmediato al anuncio y apuntó contra el argumento oficial. Según escribió, “la única actividad productiva que desincentiva esta ley es la de prender fuego”, en referencia al mecanismo que históricamente se utilizó para expulsar poblaciones rurales y transformar zonas naturales en bienes aptos para desarrollos urbanos.
El Gobierno Nacional quiere eliminar la modificatoria de la Ley de Fuego aprobada por el Congreso porque “atenta contra la producción”. La única “actividad productiva” que desincentiva esta ley es la de prender fuego, el mecanismo usado para expulsar productores de sus tierras y… pic.twitter.com/EThkem0ezg
— Daniela Vilar (@danyvilar) December 10, 2025
Un cambio que retrocede en prevención
La reforma impulsada por Máximo Kirchner en 2020 nació en un contexto crítico: aquel año ardieron miles de hectáreas de humedales, bosques nativos y áreas rurales en todo el país. Las denuncias sobre incendios intencionales con fines inmobiliarios se multiplicaron y, en paralelo, desarrolladores privados avanzaban sobre zonas quemadas aprovechando la caída drástica del valor del suelo.
La modificatoria aprobada entonces impuso una regla central: prohibir el cambio de uso del suelo en superficies incendiadas durante un plazo de entre 30 y 60 años. El objetivo era evitar que la quema se transformara en una oportunidad de negocio.
Pero ahora, con la derogación, el Gobierno restablece el esquema previo, habilitando actividad inmobiliaria y productiva sin períodos de restricción, bajo el argumento de que la prohibición “atenta contra la producción”.
La advertencia de Vilar: incendios, lobby inmobiliario y “regresividad”
Vilar sostuvo que el 95% de los incendios —según el propio Servicio Nacional de Manejo del Fuego— se originan por actividad humana y que muchos se vinculan a prácticas intencionales. “Esta ley no prohíbe la producción ni la venta, sino que limita el cambio de uso del suelo para evitar estas prácticas.”
La ministra además recordó un principio clave del derecho ambiental: la no regresividad, presente en el Acuerdo de Escazú y en el artículo 41 de la Constitución. Ese principio impide al Estado reducir los niveles de protección ambiental ya alcanzados. La derogación, en ese sentido, podría abrir un frente judicial.
La agenda económica detrás del discurso
El Gobierno argumenta que la restricción de 30 a 60 años impide la reactivación productiva de zonas afectadas por incendios y, por lo tanto, actúa como freno económico. La decisión forma parte de un paquete mayor que apunta a liberalizar los mecanismos de uso y compra de tierras rurales.
Sin embargo, los antecedentes muestran que la normativa de 2020 surgió precisamente para impedir un circuito donde primero se quema, después se compra a precio de remate y finalmente se urbaniza.
En su posteo, Vilar interpretó la medida como parte de una ofensiva más amplia: “Máximo advirtió las tres flexibilizaciones: laboral, impositiva y ambiental. Lo que de verdad les interesa es impulsar la entrega de nuestras tierras desmontando las normas que lo impiden.”
La ley original había recibido cuestionamientos de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que llegó a plantear que la normativa partía del supuesto —considerado “ideológico”— de que los propietarios queman sus campos para hacer negocio. La disputa abrió una grieta que hoy vuelve a aparecer bajo otro signo político. La derogación, a su vez, reaviva el contrapunto entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo, en un terreno donde confluyen intereses económicos, territoriales y ambientales.
OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
