Modernización laboral en marcha: el Gobierno plantea cambios en indemnizaciones y trabajo digital

El Gobierno argentino avanza con un proyecto de Ley de Reforma Laboral que busca modificar integralmente la Ley de Contrato de Trabajo para reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y adaptar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos. Según el documento preliminar, la iniciativa apunta a actualizar las normas a la realidad actual, incentivando la registración de trabajadores y simplificando procesos.

El borrador propone crear un Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que permitiría a las empresas regularizar relaciones laborales no registradas a cambio de condonar deudas previsionales, multas e intereses, y dar de baja del REPSAL. Además, plantea centralizar la registración en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y eliminar multas por trabajo no registrado, aunque mantiene una presunción a favor del trabajador en caso de conflicto judicial.

Uno de los puntos clave es la modificación del régimen indemnizatorio: se redefine la base de cálculo, se fijan topes de hasta tres veces el salario promedio del convenio y un piso del 67% del salario normal. También se permite que los convenios colectivos remplacen la indemnización por un fondo de cese laboral aportado por empleadores. El proyecto ajusta además el artículo 212 sobre enfermedades y accidentes laborales, con cambios en la reincorporación y modalidades de indemnización según la incapacidad.

El borrador introduce un régimen especial para repartidores de plataformas digitales, definidos como "trabajadores independientes", con obligaciones fiscales y derechos como rechazar pedidos sin justificación y recibir explicaciones ante bloqueos. También propone reforzar la negociación colectiva, exigir transparencia a las empresas y sancionar a quienes entorpezcan el proceso. Se plantea una nueva fórmula de actualización de créditos laborales (IPC + 3% anual) y límites para evitar indemnizaciones excesivas en causas en trámite.

El proyecto seguirá siendo trabajado por el Ejecutivo antes de enviarse al Congreso. Entre otros puntos, incluye beneficios para incentivar la contratación de nuevos empleados, con reducciones temporales en contribuciones patronales a la seguridad social. La propuesta genera expectativas sobre su impacto en la formalización laboral y la relación entre empleadores y trabajadores.