La disputa política en Azul sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia decidiera mantener en pie la emergencia económica municipal. El juez Pablo Quaranta rechazó la medida cautelar impulsada por Luis Hoursouripe, Agustina Elicabide y Juan Ignacio Furiase, los tres concejales electos de La Libertad Avanza.
La presentación advertía que el decreto firmado por el intendente Nelson Sombra no había pasado por el Concejo Deliberante y, por lo tanto, configuraba una supuesta violación a la división de poderes. Con ese argumento, los dirigentes solicitaron suspender la vigencia de la emergencia.
Desde la Municipalidad, en cambio, defendieron la legalidad del decreto. Señalaron que la medida se limitó a ordenar recortes de gastos y una reorganización administrativa ante la delicada situación financiera que atraviesa la comuna desde 2024.
En su resolución, Quaranta remarcó que el pedido libertario abarcaba decisiones que afectan “la política de gasto y de recursos del municipio”, y advirtió que frenar de manera integral el decreto podría alterar el esquema de ahorro ejecutado en los últimos meses.
El magistrado enfatizó que desarmar esas disposiciones implicaría retroceder en la reducción de erogaciones, el recorte de haberes políticos, la limitación de horas extras y la menor contratación de servicios. Todo ello, señaló, podría impactar en el equilibrio fiscal y en la prestación de servicios esenciales.
Otro de los ejes del fallo sostiene que las medidas impugnadas se relacionan con la ejecución del presupuesto, una competencia que, por normativa, corresponde al Departamento Ejecutivo. El juez aclaró que no se pronuncia sobre el fondo del conflicto, que deberá resolverse más adelante.
Un punto central de la decisión judicial fue la ausencia de un daño concreto. Para Quaranta, la demanda no acreditó un perjuicio inminente o individual que justificara intervenir de inmediato, sino que planteó objeciones de índole institucional sin anclaje en una situación puntual.
La emergencia económica de Azul se mantiene vigente desde 2024 y fue prorrogada nuevamente en septiembre de 2025. Incluye congelamiento salarial, rebajas del 15% para funcionarios, suspensión de viáticos y restricciones a compras y contrataciones, junto con limitaciones en horas extras y cobertura de vacantes.
Según los informes oficiales, el déficit municipal pasó de $4.486 millones a $3.122 millones entre diciembre de 2024 y agosto de 2025. Pese a esa mejora, la administración local considera que la situación continúa siendo crítica.