UPCN, SUTEBA y las CTA reclaman el financiamiento: "Es en defensa propia"

En una jornada clave para el futuro económico de la provincia de Buenos Aires, gremios docentes y organizaciones sociales se movilizaron para exigir que la Legislatura apruebe las leyes de Presupuesto, Fiscal y de Financiamiento enviadas por el gobernador Axel Kicillof. La secretaria general adjunta de SUTEBA, María Laura Torre, fue una de las voces más firmes en el reclamo y advirtió que los recursos solicitados son indispensables para que la Provincia “pueda seguir sobreviviendo”.

En declaraciones a Radio Provincia, Torre señaló que existe un amplio acompañamiento de sectores gremiales y movimientos sociales, entre ellos UPCN, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. “Estamos los representantes de todos los sectores para acompañar al Gobernador”, afirmó, al tiempo que remarcó que la demanda apunta directamente a la responsabilidad parlamentaria:
“Exigimos a la Legislatura que las leyes tienen que votarse. Lo hacemos en defensa propia y para tener una Provincia con mejores condiciones de trabajo”.

La dirigente sindical sostuvo que el paquete legislativo que se discute este martes será determinante para garantizar el funcionamiento del Estado en un contexto financiero crítico. “Hoy se tienen que terminar de concretar las leyes fundamentales para que la Provincia pueda seguir sobreviviendo”, insistió.

El gobierno bonaerense busca la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y un pedido de financiamiento destinado a afrontar vencimientos de deuda y asegurar la continuidad de programas esenciales. Sin embargo, la negociación enfrenta resistencias dentro de la oposición, lo que mantiene la votación en un clima de fuerte tensión política.

Mientras avanzan las deliberaciones en el recinto, los gremios remarcan que la falta de recursos impactaría directamente en áreas sensibles como la educación, la salud y la infraestructura. En ese marco, SUTEBA y otras organizaciones sostienen que el acompañamiento legislativo es “una necesidad urgente” para evitar un deterioro mayor en las condiciones laborales y en las prestaciones estatales.